Mientras Puebla enfrenta una crisis de inseguridad que golpea todos los días a miles de familias, el gobierno estatal acaba de demostrar que sí tiene capacidad de movilización, coordinación y despliegue operativo cuando realmente se lo propone. La pregunta es inevitable: ¿por qué ese mismo esfuerzo no se utiliza para garantizar la seguridad de los poblanos y encontrar a las personas desaparecidas?
El lunes, previo al partido amistoso entre las selecciones de España y Perú en el estadio Cuauhtémoc, cientos de elementos fueron desplegados para resguardar un espectáculo deportivo. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo preocupante fue que una parte importante de ese aparato de seguridad terminó utilizándose para bloquear el paso a un grupo de apenas unas decenas de madres buscadoras y familiares de desaparecidos que pretendían realizar una protesta pacífica.
Las imágenes son contundentes. Escudos, vallas humanas, granaderos, policías encapsulando a mujeres que cargaban fotografías de sus hijos, hermanos, esposos y familiares desaparecidos. Mujeres cuyo único delito fue intentar aprovechar la atención mediática internacional para recordar que en Puebla siguen faltando miles de personas y que detrás de cada ficha de búsqueda existe una familia rota por la ausencia.
Resulta imposible no advertir la contradicción. El mismo día en que las autoridades reiteraban en reuniones institucionales su disposición para colaborar con los colectivos, en las calles desplegaban un operativo para impedirles acercarse a la explanada del estadio. El mensaje fue claro: las madres buscadoras podían hablar, pero lejos de las cámaras, lejos de los reflectores y lejos del evento que el gobierno quería presumir al mundo.
El gobernador Alejandro Armenta y su administración deberían reflexionar seriamente sobre la imagen que proyectaron. Porque mientras casi mil 800 elementos fueron movilizados para garantizar que un partido de fútbol transcurriera sin protestas visibles, las familias de desaparecidos siguen denunciando la insuficiencia de las investigaciones, la lentitud de las búsquedas y la falta de resultados de las instituciones encargadas de encontrarlos.
Las madres buscadoras no representan una amenaza para el orden público. No portan armas, no destruyen propiedades, no buscan confrontaciones. Lo que cargan son fotografías. Lo que levantan son cartulinas. Lo que exigen son respuestas.
La frase pronunciada por María Luisa Núñez durante la protesta resume mejor que cualquier discurso la tragedia nacional: “Si un día ustedes desaparecen, no será el gobierno quien los busque; seremos nosotras”. Es una afirmación dolorosa porque refleja una realidad que miles de familias mexicanas conocen demasiado bien. En numerosas ocasiones, han sido los propios colectivos quienes han encontrado fosas, localizado restos o generado información que las autoridades no pudieron o no quisieron obtener.
Puebla necesita más policías investigando desapariciones y menos policías bloqueando manifestaciones pacíficas. Necesita más recursos para las fiscalías especializadas y las comisiones de búsqueda, y menos recursos destinados a contener a quienes exigen justicia. Necesita gobiernos que entiendan que las madres buscadoras no son adversarias políticas ni amenazas para el orden público, sino ciudadanas que hacen el trabajo que las instituciones han sido incapaces de realizar.