Por Silvanna Mortera
En una tarde cubierta por un sol quemante, poca sombra y una ruta llena de gente regresando del trabajo, al fondo del sur de la capital poblana, después de caminar entre un par de cerros, rellenos sanitarios y unos cuantos caninos sin dueño, tras atravesar olores fétidos a desagüe improvisado, me topé con la colonia “Azteca”, un asentamiento que no cuenta siquiera con todos los servicios básicos, únicamente luz.
Durante mi recorrido, me encontré a Elia Mora Zamora, ciudadana del estado de Puebla desde hace más de dos años pero originaria del estado de Veracruz, quien integra una familia de 5 personas; su hijo más pequeño, de 9 años, es autista. Estaba nerviosa, quería ayudarme a responder mis preguntas, pero estaba “fachosa”. Con un manojo de nervios y pena, accedió a contarme sobre cómo ella y su humilde familia han afrontado el incremento de la pobreza en el estado y la llegada de la pandemia.
Me recibió en su humilde hogar, lo primero que vislumbré, fue una puerta de metal sin cristales, y un pequeño cuarto construido con bloques encimados junto a un barranco, con dirección a un sembradío pequeño de milpa. Por cuidado de su familia y ante el incremento de contagios, nos quedamos fuera, donde un guajolote parecía molesto por mi presencia, pero no pasó a mayores.
Con nostalgia, Elia me contó que abandonó el estado jarocho, en busca de una segunda oportunidad para su pequeño, quien ha tenido complicaciones en su desarrollo debido a la afectación relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en su interacción social y la comunicación. Su autismo.
Cuando ella y su familia llegaron a Puebla, consiguieron un hogar provisional, ella consiguió trabajo en una institución educativa, su esposo en una empresa de mantenimiento de internet y su hija mayor, en un establecimiento. Le pregunté, de qué forma le había afectado a ella y a su familia, el incremento de la pobreza en el estado y la llegada de la pandemia de Covid-19.
Respondió entre suspiros: “mal”. ¿La razón?, ante el incremento de pobreza, el hambre y la angustia también crecieron en su hogar. Y tras la llegada de la pandemia, las 3 personas que llevaban ingresos a este, perdieron su trabajo.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Su familia, carece de drenaje, agua potable, pavimentación, alimento, trabajo y salud. Por mencionar algunos, claro.
Me confesó que debido a la pérdida de su trabajo, ha tenido que recurrir a buscar “trabajo de lo que sea”, esto adjunta limpiar hogares ajenos, velar una institución cultural, vender alimentos a domicilio, etc. Éste último es el actual que ejerce. Su ingreso semanal es de 300 pesos, mismos que gasta en pipas de agua a la semana, pues al no contar con ese servicio en su colonia, debe pagarlo de manera independiente.
La desigualdad constituye un obstáculo para la sostenibilidad y el avance en la erradicación de la pobreza. La gran acumulación de riqueza en manos de unos pocos hace invisible la línea de separación entre el poder político y el económico, propiciando una forma de secuestro democrático por las élites económicas y políticas que diseñan las reglas en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría de la sociedad.
La ganancia de una minoría se produce a costa de los sectores más vulnerables, que son víctimas de entornos políticos excluyentes, servicios de educación y salud deficitarios, políticas de protección social de cobertura limitada y un sistema laboral basado sobre informalidad y explotación.
“En la pandemia, el gobierno estatal sí ha ido a otras colonias a dejar despensas, sanitizante, apoyos. Aquí nunca han venido, y somos quienes más lo necesitan. Hemos ido, sí, a muchas dependencias en busca de ayuda y se nos ha negado. Siempre, por estar adheridos al Movimiento Antorchista”, relató. Ante esto me surgieron dos preguntas: ¿La solidaridad –por no decir responsabilidad, que es la palabra correcta– política no incluye al pueblo adherido a organizaciones sociales?, ¿el estado permite que la pobreza y el hambre incrementen únicamente por no compartir sus ideales políticos?
En el noveno y más actual informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reflejó que entre 2018 y 2020 el número de personas en situación de pobreza en Puebla aumentó un 12.4%. Es decir, el 58.0% que existía en el 18, se convirtió en 62.4% para el 20. Un total de 4,136.6 mil ciudadanos. Convirtiéndose, entonces, en el tercer estado a nivel nacional con mayor proporción de personas en situación de pobreza.
Incluso, doctores en economía como Julio Boltvinik han afirmado logísticamente que los programas implementados por la administración actual, no están focalizados a combatir la pobreza en México, y menos, por supuesto, a la pobreza extrema.
Los argumentos del doctor, por ejemplo, es que los principales beneficiados con los programas sociales son personas de clase media, como es el caso del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, algo parecido con los programas a campesinos, ya que uno de los requisitos para obtener el programa, era poseer dos hectáreas y media de terreno para sembrar, una cantidad que, por lógica, los campesinos más pobres no poseen.
Él afirma, que para que un programa funcione correctamente, debe beneficiar a las personas que más lo necesitan, como es el caso de las familias con mayor cantidad de integrantes, en su mayoría, niños, que son quienes actualmente viven en condiciones más precarias que los adultos mayores.
En Puebla, personas con alguna carencia social para el 2020, había 5,319.6 millones. Y con al menos tres carencias sociales 2,160.1 millones.
Carencia por acceso a los servicios de salud: en 2018 había 1, 347.1 y para 2020, había 2, 120.7.
En la carencia por calidad y espacios de la vivienda: en 2018: 754.8 mil ciudadanos la padecían, pero para 2020, disminuyó a 685.9.
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda: 1,715.1 millones en 2018 y 1,735.0 en 2020.
Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad: 1,586.6 millones en 2018 y 2,041.5 el año pasado.
El CONEVAL y otras instituciones/dependencias, ha informado desde 2018 –Si no es que desde antes– acerca de las adecuaciones que actualizan algunos elementos de la metodología para la medición multidimensional de la pobreza, derivadas de las modificaciones normativas que afectan los derechos sociales, así como de las investigaciones que fundamentan la incorporación de adecuaciones técnicas que reflejan los cambios sociales del país.
La pregunta aquí es, ¿el estado, ha utilizado estos datos para desarrollar acciones que frenen el incremento de la pobreza en el país? El caso de Elia refleja que no.
