Diversos actores de Morena y PAN —pero también de otros partidos— permanecerán en el catálogo de sancionados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla hasta 2028. No se trata de un error administrativo ni de una falta menor: hablamos de uso indebido de símbolos patrios, propaganda ilegal, actos anticipados de campaña, coacción del voto y hasta vulneración de la imagen de menores.
Sí, menores.
Entre los nombres aparecen Eduardo Rivera Pérez, José Chedraui Budib, Mario Riestra Piña y Tonantzin Fernández Díaz. No son perfiles marginales ni figuras desconocidas; son, justamente, los que suelen encabezar discursos de “legalidad”, “valores” y “renovación”.
La contradicción es evidente.
Pero más preocupante que las sanciones es lo que representan en el tiempo. Porque estos mismos actores —o sus estructuras— estarán presentes en la antesala de las elecciones de 2027. Es decir, el proceso que debería renovar la vida pública de Puebla comenzará con protagonistas que ya arrastran antecedentes de irregularidades.
Y no es un caso aislado. También partidos completos —del espectro entero, de Morena al PAN, pasando por PRI, Movimiento Ciudadano y otros— fueron señalados por omisiones en registros y supervisión de candidaturas. El problema, entonces, no es de un color: es del sistema político en su conjunto.
Aquí no hay matices cómodos.
Se supone que las sanciones existen para corregir conductas, para marcar límites. Pero en la práctica, parecen convertirse en simples anotaciones que no impiden que los mismos perfiles sigan activos, compitiendo y, en muchos casos, reciclando discursos.
Como si nada.
Mientras tanto, a los ciudadanos se les pide confianza, participación y voto informado. Se les habla de democracia, de legalidad, de respeto a las reglas. Pero quienes deberían encarnar esos principios aparecen una y otra vez en listas de infractores.
Es difícil no ver ahí una burla.
Porque si algo deja claro este escenario es que la política poblana no está en proceso de renovación, sino de repetición. Los mismos nombres, las mismas prácticas, las mismas faltas.
Con ese panorama, lo que viene rumbo a 2027 preocupa.
Puebla no merece campañas construidas por perfiles sancionados ni partidos que normalizan la ilegalidad como parte del juego. Merece políticos que no necesiten que un tribunal les recuerde dónde están los límites.
Pero, por ahora, la antesala electoral se parece más a un catálogo de faltas que a una promesa de cambio.