De pronto, el problema son los padres. Ahora resulta que el retroceso en la vacunación infantil se explica porque “está de moda” no vacunar, porque las redes sociales confunden o porque hay quienes prefieren lo “natural”. La explicación es cómoda: el error está en la gente.
Pero el problema no empezó ahí.
En México, la cobertura efectiva de salud cayó de 84% en 2016 a 66% en 2024. Es decir, millones de personas quedaron fuera de un sistema que, incluso para quienes siguen dentro, funciona a medias. A esto se suma un desabasto persistente: más de 24 millones de recetas no surtidas entre 2019 y 2023, pacientes sin medicamentos y hospitales que operan con lo mínimo.
En ese contexto, hablar de vacunación como si fuera solo una decisión individual es, por lo menos, incompleto.
Porque mientras se señala a los padres, el propio Estado dejó de cumplir con lo más básico. En 2025, el programa de vacunación ejerció apenas el 21% del presupuesto que tenía asignado. Es decir, no solo faltan vacunas o condiciones para aplicarlas: tampoco se utilizó el dinero destinado para ello.
Entonces, la pregunta no es si hay desinformación —que sí la hay—, sino por qué hoy encuentra terreno fértil.
Durante años, la vacunación fue una política sólida, sostenida y relativamente incuestionable. Hoy ocurre lo contrario: instituciones debilitadas, servicios fragmentados, atención desigual. En ese escenario, cualquier discurso alternativo, por absurdo que parezca, gana espacio.
No se trata de justificar la decisión de no vacunar. Es una práctica peligrosa que pone en riesgo a los propios niños y a la salud pública. Pero tampoco se puede analizar el fenómeno ignorando el deterioro del sistema que debía garantizar justamente lo contrario: prevención universal y confianza.
Reducirlo a una “moda” es evadir la responsabilidad.
Porque el problema no es solo que algunos padres estén dejando de vacunar. El problema es que el Estado dejó de garantizar que hacerlo fuera una certeza, accesible y respaldada por un sistema que funcione.