Aunque recientemente se aprobó una reforma federal que establece un tope de 67 mil pesos mensuales a las pensiones —equivalente a la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo—, en Puebla este ajuste no tendrá efecto.
Esto se debe a que la modificación constitucional aplica únicamente a organismos descentralizados y empresas públicas federales, por lo que deja fuera a los sistemas estatales de pensiones, como el que administra el ISSSTEP.
En consecuencia, 72 exburócratas poblanos continuarán recibiendo las llamadas pensiones doradas, con montos que superan los 70 mil pesos mensuales y que, en conjunto, representaron un gasto superior a 72 millones de pesos del erario durante 2025.
Dentro de este grupo, destacan 51 extrabajadores de la Secretaría de Educación estatal, además de dos médicos y 19 exfuncionarios cuya adscripción no fue especificada.
De los 72 beneficiarios, al menos nueve perciben más de 100 mil pesos mensuales, lo que equivale a ingresos anuales superiores a 1.2 millones de pesos por persona.
Entre los casos con mayores montos se encuentran:
– María Cristina Vázquez Sandoval, con 128 mil pesos mensuales
– Luis Felipe Clemente Martínez, con más de 115 mil pesos
– Héctor Álvaro Pérez Ramírez, con ingresos superiores a 115 mil pesos
– Rosa María Flores Velázquez, con más de 113 mil pesos
– Alfredo Ortiz Leal, con más de 108 mil pesos
– Clemencia Pérez Robledo, con más de 103 mil pesos
– Rodolfo Gumesindo Palestino Rodríguez, con más de 101 mil pesos
– Juana Raquel Luna Merlo y Georgina Ascención Ramírez, ambas con más de 100 mil pesos
El caso exhibe una brecha entre las reformas federales orientadas a limitar pensiones elevadas y la realidad de los sistemas estatales, donde estos esquemas permanecen sin modificaciones.
Silvanna Mortera