Puebla volvió a colocarse entre las entidades con mayor incidencia de fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años. Puebla ocupa el lugar 8 a nivel nacional, con más de 2 nacimientos por cada mil niñas, en un país donde en 2025 se registraron 7 mil 887 casos, es decir, 22 diarios. Hablamos de infancias atravesadas por violencia sexual, como lo señalan los propios análisis demográficos. Y aun así, el tema sigue sin ocupar el lugar central que debería en la agenda pública estatal.
Los datos también muestran el tamaño del problema estructural: más del 80% de estas niñas no tiene ingresos propios, la mayoría apenas alcanza la primaria o secundaria y más de la mitad se encuentra en unión libre. Es decir, hablamos de un círculo que combina pobreza, falta de acceso a educación, ausencia de políticas efectivas de prevención y una débil protección institucional.
Se ha insistido en destacar la reducción nacional del fenómeno en los últimos años, pero esa lectura, sin contexto, es peligrosa. Porque mientras las cifras bajan lentamente, miles de niñas siguen siendo madres en condiciones que no eligieron.
Este problema no es “cultural” de “etnias”, es político, e implica preguntarse por qué las estrategias de prevención no están funcionando con la fuerza necesaria, por qué la violencia sexual sigue ocurriendo en estos niveles y por qué las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes frente a una realidad que, aunque incómoda, sigue ocurriendo todos los días.