La Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas mediante un documento dio a conocer las exigencias que Rusia debería aceptar para resolver el conflicto ucraniano.
El documento prácticamente exige una rendición de Rusia, cuando en el campo de batalla, Ucrania y sus aliados de la OTAN están derrotados. Hay entre los líderes europeos una dificultad notable para reconocer la realidad en el campo de batalla, el equilibrio de poder y los incentivos en la negociación.
En ese marco, el documento europeo pierde credibilidad como instrumento negociador porque exige a Moscú la aceptación de condiciones que equivalen, en la práctica, a una rendición total en los planos militar, económico, jurídico e incluso político interno.
La Unión europea propone no reconocer los territorios del Donbass legalmente anexados a Rusia. Además, exige que Rusia limite sus niveles de tropas y de armamento, equivalente a lo que le pide a Ucrania.
Que Rusia detenga su supuesta campaña de desinformación, sabotaje, ciberataques, violaciones del espacio aéreo e interferencias en procesos electorales, tanto en países europeos como en países vecinos.
Que Rusia no tenga armas nucleares en Bielorrusia y que se le prohíba desplegar militares rusos en Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia y Armenia.
El documento de la Unión Europea rechaza cualquier amnistía general por supuestos crímenes de guerra, reclama acceso a territorio ruso a investigadores internacionales a lugares sospechosos de haber sido escenarios de crímenes de guerra y que ninguna ley rusa se sitúe por encima de los tratados internacionales que recogen obligaciones asumidas por Moscú.
La cuestión de las reparaciones también ocupa un lugar destacado. El texto sostiene que Rusia debe compensar y contribuir a la reconstrucción de Ucrania, así como indemnizar por los daños causados a Estados y empresas europeas y por los perjuicios ecológicos provocados.
El documento menciona, además, que la Unión Europea ha congelado alrededor de 210 mil millones de euros en activos soberanos rusos, aunque hasta ahora no ha logrado acordar un método para confiscarlos legalmente o utilizarlos como instrumento para canalizar fondos hacia Ucrania. Sí ha canalizado, en cambio, los beneficios extraordinarios trimestrales generados por esos fondos.
La última parte del texto se adentra en el terreno interno ruso y plantea exigencias de democratización. Pide elecciones libres con observación internacional, la liberación de presos políticos, el retorno de civiles y niños deportados, libertad de prensa, derogación de la ley de “agentes extranjeros” y el fin de normas que criminalizan a la disidencia. También reclama cooperación plena en las investigaciones sobre los supuestos asesinatos de los opositores Alexéi Navalni y Borís Nemtsov.
Todo apunta a que las conversaciones en curso difícilmente desembocarán en resultados a corto plazo. Las posiciones de ambos bandos siguen polarizadas y Rusia continúa operando bajo la premisa de que el tiempo juega a su favor, con la expectativa de consolidar objetivos en el campo de batalla, donde tiene enorme ventaja.