Tochimilco, Puebla. Comerciantes del mercado temporal del municipio de Tochimilco denunciaron públicamente que el Ayuntamiento les ha impedido continuar con sus actividades comerciales debido a la exigencia del pago de cuotas municipales, medida que ha dejado sin sustento a familias que dependen exclusivamente de esta actividad económica.
De acuerdo con un aviso oficial emitido por la autoridad municipal, se ordenó la suspensión temporal de actividades de comerciantes, entre ellos el caso de la ciudadana Bartola Gaspar Montes, bajo el argumento de no haber cumplido con un requerimiento administrativo relacionado con adeudos económicos.
El documento señala textualmente:
“Se decreta la suspensión temporal de actividades hasta en cuanto tanto el interesado se ponga al corriente de sus deudas”, fundamentando la decisión en diversos artículos del Reglamento Interno del Mercado Temporal del Municipio de Tochimilco, Puebla.
Sin embargo, los comerciantes afectados advierten que esta medida no considera el impacto social y económico que genera, ya que para muchas familias el comercio en el mercado temporal representa su única fuente de ingreso, con la cual cubren necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
Organizaciones y ciudadanos señalan que la aplicación estricta de reglamentos administrativos, sin diálogo ni alternativas de regularización, vulnera el derecho al trabajo y profundiza la precariedad económica de los sectores más vulnerables.
Asimismo, cuestionan que la autoridad municipal priorice la recaudación de cuotas por encima de una política social sensible, recordando que gobernar implica buscar soluciones y no sanciones que afecten directamente a la subsistencia de las familias.
Ante esta situación, se hace un llamado al Ayuntamiento de Tochimilco para revisar estas acciones, establecer mesas de diálogo con los comerciantes afectados y garantizar que ninguna familia sea privada de su sustento por decisiones administrativas carentes de enfoque social.
La ciudadanía exige que el derecho al trabajo sea respetado y que los reglamentos municipales no se utilicen como instrumentos de presión que castiguen la pobreza.
