Por Jazmin Hernández
Madres de familia del Preescolar General 21DJN1324G, ubicado en San Diego Manzanilla, exigieron al presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, que se cumpla el acuerdo tomado en octubre para reubicar a los comerciantes que actualmente invaden el terreno de la institución, a fin de garantizar condiciones seguras para que los niños puedan tomar clases.
De acuerdo con las madres, desde la creación del preescolar los docentes han sido víctimas de agresiones y actos de violencia por parte de la organización de comerciantes Juquila. Pese a que han levantado actas y acudido a diversas dependencias de seguridad y educación, aseguran que no han recibido una solución.
Aunque el ayuntamiento se comprometió a reubicar a los locatarios y ya se cuenta con los espacios destinados para ello, una farmacia y una herrería se niegan a desalojar el predio escolar, el cual, según los padres, pertenece legalmente a la institución educativa.
Mientras tanto, los pequeños continúan tomando clases en los espacios disponibles, y los padres de familia han organizado guardias para vigilar la entrada, ya que los comerciantes no permiten cerrar el acceso bajo el argumento de que se trata de una vía pública utilizada por sus clientes.
Las madres denunciaron que tanto ellas como los docentes han sido víctimas de acoso e intimidación, incluyendo insultos, conatos de bronca y la toma de fotografías a los niños desde el exterior. Además, señalaron que circulan en el mercado cartulinas con mensajes contra el preescolar, acusando al Movimiento Antorchista de intentar desalojar el mercado para construir el plantel.
El conflicto se agrava debido a un problema de delimitación del terreno entre el mercado y la escuela, que debe resolver el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), autoridad encargada de regular y escriturar los predios. Según los padres, una parte del terreno fue designada para el mercado y otra para el preescolar.
Galdina González Ponce, madre de familia, relató que al intentar inscribir a su hijo, la farmacéutica que se encuentra dentro del predio de la escuela le aseguró que “la escuela no era escuela”, que no contaba con registro oficial ni con maestras certificadas, “nosotras pedimos que nos escuchen para recuperar las áreas que son del preescolar”, señaló.
Por su parte, Diana Moreno expresó preocupación por la seguridad de los menores “pedimos que dejen estudiar a los niños. En una ocasión les tomaron fotos desde afuera y ni siquiera atendieron nuestra denuncia”, afirmó.
Finalmente, Aurea Sánchez subrayó que el objetivo de las familias es simple: “queremos un lugar seguro para nuestros hijos”.
Las madres hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se respete el acuerdo de reubicación y se garantice el derecho de los niños a estudiar en un entorno seguro.
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