Por Homero Aguirre Enríquez
En pleno ascenso de la tercera ola de la pandemia de Covid-19, que tiene como tétrica particularidad que está enfermando y matando a más jóvenes que las olas anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dispone a imponer el inicio de clases presenciales, aunque eso provoque mayores saldos trágicos. Fiel a su costumbre, también ahora está decidido a echar la culpa a otros si algo sale muy mal, y no hay duda que en este episodio le echará la culpa a los padres de familia que autorizaron que sus hijos regresaran a clases presenciales.
Pues bien, esta semana López Obrador echó al ruedo matutino a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien titubeante como siempre, leyó un texto en donde, tras referirse a los “cientos de miles de millones de familias mexicanas” (sic), dijo que “los aprendizajes nunca se detuvieron durante la pandemia” (¿y entonces para qué correr el riesgo de regresar a clases presenciales en plena pandemia, si los aprendizajes van “a toda máquina”?); que “la escuela puede ser el lugar más seguro para nuestros niños” (¿Y doña Delfina viene a exponernos su “descubrimiento científico” quince meses después de que la SEP que ahora encabeza ha tenido encerrados a más de 25 millones de estudiantes?); afirmó que las clases presenciales iniciarán el próximo 30 de agosto -tal y como lo decidió ya su jefe el presidente-, y para garantizar la seguridad de los estudiantes se aplicará un “decálogo” de medidas que, en esencia, no son otra cosa que una maniobra gubernamental para eludir responsabilidades, una forma abusiva de lavarse las manos ante el grave riesgo que amenaza a los muchachos y niños, para lo cual se le pide a los padres que firmen una carta donde aceptan compartir la responsabilidad del regreso de sus hijos a clases y se les indica que se hagan cargo de generar “filtros sanitarios”, en casa y en la escuela, reportar enfermos y asumir los costos de proveer gel y mascarillas a los niños y adolescentes que serán echados a los tumultos del transporte y al posible contagio de sus compañeros, en escuelas con aulas mal ventiladas y sin agua ni drenaje adecuado.
Le ahorraré al lector los diez puntos que, sin mayor argumento, presentó la profesora Delfina como si fueran las Tablas de la Ley, y sólo transcribo parte de la “carta de corresponsabilidad” que tendrán que firmar, supongo que diario, los padres de familia: “hago constar que realicé a mi hija (o) una revisión y aparentemente (¡sic!) no presenta síntomas como malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar. Además de que hemos realizado las medidas preventivas necesarias”. Los padres serán convertidos en peritos detectores de la enfermedad de sus hijos, y tendrán que firmar un documento… ¿y la responsabilidad del Estado mexicano? ¿Su obligación constitucional de garantizar la seguridad, salud y vida de los mexicanos, porque para eso le entregamos recursos y facultades legales? ¿Acaso mañana nos harán firmar una carta para deslindar de responsabilidades al Estado si queremos transitar en una calle y corremos el riesgo de morir en un asalto?
Por si esto no bastara, la Secretaría de Educación Pública publicó un poster en donde afirma que “en el mundo NO existe evidencia de epidemia por COVID-19 en menores de edad”, y eso lo divulga al mismo tiempo que los datos oficiales arrojan que en México hay 60,928 niños y adolescentes infectados y han muerto 613 pequeños, y en Estados Unidos el número de contagios entre menores crece alarmantemente: “un número récord de niños han sido hospitalizados con Covid-19 durante el último mes en 13 estados, predominantemente en el sur de Estados Unidos, según muestra un análisis de datos federales, ya que los casos van en aumento impulsados por la variante delta”, reportó ayer el portal Forbes, mientras que el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, informó que “habrá más niños infectados con el coronavirus a medida que se extiende por el país la variante delta que es más contagiosa”.
Para darnos una idea del burdo manejo que hace el gobierno federal de esta grave emergencia sanitaria que pone en riesgo la vida de millones de mexicanos, misma que tiene como reciente episodio este llamado irresponsable a clases sin que se garantice absolutamente ningún control sanitario efectivo, y echando la carga de la responsabilidad en los padres de familia, comparemos esta tragicomedia presentada ayer en “la mañanera”, con la actuación humana y profesional del gobierno de China, que ante un brote de apenas 90 casos de coronavirus en Wuhan, una ciudad tan poblada como la Ciudad de México, “en tres ocasiones, las autoridades han llevado a cabo pruebas a los 9,2 millones de residentes de esa ciudad e impusieron un confinamiento a cientos de miles de personas” (bbc.com, 3 de agosto de 2021). Aquí en México, lo único que hace el Gobierno morenista es engañar con el color del semáforo y emitir versiones falsamente tranquilizadoras, alentando que la gente salga aunque se enferme. El saldo está a la vista: nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial en fallecimientos por Covid-19.
Hace casi 2000 años, un hombre que no impidió -pudiendo hacerlo- la muerte de un inocente “tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros”. Su nombre era Poncio Pilatos, desde entonces tomado como paradigma del que evade su responsabilidad. En nuestro país, Poncio se apellida López Obrador, y aunque se lave las manos será responsable ante la historia si enferman o mueren cientos o miles de niños y jóvenes mexicanos.
