El pasado agosto, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de Estados Unidos Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación infundada de liderar un “cártel de narcotráfico”.
Caracas denuncia que estas maniobras están orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de los recursos naturales que posee el país suramericano.
Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía de la nación.
Pese al aumento de las fricciones, el presidente venezolano se ha mostrado abierto al diálogo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, siempre que no se imponga la “diplomacia de las cañoneras” de su secretario de Estado, Marco Rubio.
La semana previa, el Pentágono denunció que dos aviones militares venezolanos habían sobrevolado “cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales” lo que calificó de movimiento “provocador” para interferir con sus “operaciones contra el narcoterror” en la zona.
Posteriormente, Trump amenazó con derribar aviones militares venezolanos, si ponían a Estados Unidos “en una posición peligrosa”.
Mientras, Maduro declaró que el país pasará a la lucha armada si llega a ser objeto de agresión. En este contexto, señaló que Washington “debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe”.