La prórroga gubernamental que protegía más de 6,5 millones de hogares morosos del riesgo de desalojo expiró este fin de semana.
A pesar de que la Casa Blanca pidió al Congreso legislar con urgencia, los congresistas no lograron ponerse de acuerdo antes del receso veraniego.
Tras expirar la prórroga impuesta por la Administración Biden que evitaba que afectados por la crisis vinculada a la pandemia de Covid-19 se quedaran en la calle por no poder pagar sus alquileres, al momento, más de 15 millones de personas están amenazadas de desalojo en pocos días.
Y es que siete millones y medio de hogares admiten deber meses de alquiler a sus propietarios según datos del censo nacional. La deuda global contraída por pagos tardíos subiría ya a 13.000 millones de dólares.
La inacción del presidente ante el fin de una protección social básica se justificó en que el Tribunal Supremo tumbaría una nueva prórroga. Pero la perspectiva de millones de personas en la calle en pleno rebrote del Covid-19 ha desatado la rabia y la frustración en el Partido Demócrata, el del presidente, como muestra el testimonio de la representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez que declaró que «la Cámara de representantes y su liderazgo tuvo la ocasión de votar una extensión de la prórroga, pero hubo un grupo de demócratas conservadores en el Congreso que prefirieron tomar un avión en vez de votar».
«Si nos miramos en el espejo no podemos culpar al Partido Republicano cuando los Demócratas en el Congreso tienen la mayoría», agregó la representante del ala izquierda del Partido Demócrata.
«Desafortunadamente, ni un solo republicano apoya esta medida (…) Es muy decepcionante que los Republicanos en la Cámara y el Senado se hayan negado a trabajar con nosotros en este tema», lamentó la noche del viernes la presidenta Demócrata de la Cámara baja, Nancy Pelosi, en un comunicado.
Una fuente del Congreso dijo a la Agencia France Presse que la propuesta también está lejos de contar con el apoyo unánime de la propia bancada demócrata.
A esta situación se suma que el dinero destinado por el Gobierno federal para ayudar a las personas y familias en dificultades para pagar el alquiler llega a cuentagotas a sus cuentas bancarias.
Ese dinero se entrega a los estados y las comunidades locales, que luego son responsables de distribuir la ayuda a los hogares. Sin embargo, esto requiere el establecimiento de sistemas complejos para recibir solicitudes, verificar situaciones y, solo entonces, entregar la ayuda.
El resultado: de los 46.000 millones de dólares previstos por el Gobierno para este fin, incluidos los 25.000 millones desembolsados a principios de febrero, solo 3.000 millones han llegado a su destino.
