Jocabed Vazquez
La influencer Mariana Rodriguez presentó una queja contra la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), argumentando que el organismo ejerció violencia política en razón de género en su contra.
Al considerar que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) violentó sus derechos en razón política de género, la influencer, Mariana Rodríguez, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por obligarla a cobrar a su esposo Samuel García la publicidad que hizo en redes sociales en su campaña para gobernador de Nuevo León.
Asegurando que el apoyo que le dio a García Sepúlveda, no fue una aportación en especie, Rodríguez aseguró a través de su cuenta oficial de instagram: “Las mujeres no somos un accesorio, no somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado” dijo.
En la queja, la influencer expone que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende violentar su libertad de expresión y asociación, igualdad y libertad de toda violencia, además de trasgredir distintos derechos político-electorales que se establecen en la Constitución.
Sostuvo que el Estado Mexicano está obligado a respetar el derecho a la participación política y crear escenarios en condiciones de igualdad, sin discriminación y de violencia de cualquier tipo.
Lo anterior, argumentó, en razón de que una reforma en el Artículo 1 de la Constitución establece que todos los tratados internacionales de derechos humanos adquirieron el rango de constitucional.
Ratificó que las publicaciones que realizó de sus redes sociales en apoyo al ahora gobernador electo de Nuevo León son parte de su libertad de expresión y de «manera espontánea». Descartó que en todo momento se hayan tratado de espacios comerciales para tratar de sacar ventaja económica de algo o de alguien.
Por su parte, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova aclaró que el hecho de que ella haya llamado al sufragio a favor de su esposo Samuel García constituye un delito, debido a que la influencer está registrada como “persona con actividad empresarial”, por lo tanto se considera como aportaciones de una empresa, lo que está prohibido por las leyes electorales.
