El Gobierno de Bolivia denunció ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la marcha que encabeza el expresidente Evo Morales (2006-2019) rumbo a la ciudad de La Paz, para protestar por la crisis económica en el país y defender su candidatura presidencial.
“Observamos una amenaza y asedio de una violenta marcha encabezada por el expresidente Evo Morales, que se dirige a la ciudad de La Paz. Esta movilización no tiene como fin una reivindicación social, su objetivo es interrumpir el mandato constitucional”, indicó la ministra de Exteriores, Celinda Sosa, y enviada a los organismos internacionales.
El Gobierno boliviano convocó a un diálogo a Morales, pero la invitación no fue respondida. La meta de los protestantes es llegar a la ciudad de La Paz para exigir soluciones a la escasez de carburantes, dólares y el aumento de precio de la canasta básica.
La canciller señaló que la movilización ha dejado un saldo de al menos 26 heridos, además, que ha dejado a los periodistas en “estado de emergencia” por los presuntos actos de violencia e intimidación en su contra.
Sin embargo, la Administración que encabeza Luis Arce aseguró será respetuosa de las garantías de libre manifestación.
La medida de presión, que empezó el 17 de septiembre y tiene previsto llegar el 23 a La Paz, fue calificada de “golpista” por la ministra Sosa, que denunció la noche del 17 de septiembre la gestación de un nuevo golpe de Estado contra Arce, impulsado por Evo Morales, con el objetivo de habilitarse como candidato en las elecciones de 2025.
Luis Arce fue ministro de Economía de Morales durante la mayor parte de sus 14 años de gobierno, pero ahora ambos están enfrentados por la candidatura presidencial del MAS para las elecciones generales de 2025.
