¿Cómo termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? Mal, en desastre. ¿Por qué? Porque Morena no sabe gobernar. El Presidente y sus asesores –si los tiene y si les hace caso– han supuesto que no se necesita ciencia para gobernar, porque es una labor relativamente simple que cualquiera realizar. Pero, además, ni el Presidente, ni Morena son izquierdistas y desconocen los principios del marxismo-leninismo. En términos ideológicos, Morena es un batiburrillo o la capirotada de las ideas de un sector de la pequeña burguesía radicalizada de México. De ahí las ocurrencias de AMLO resumidas en dos de sus famosas frases: “al diablo las instituciones” y “no me vengan con que la ley es la ley”. Expresiones huecas que en nada aluden a los principios del Manifiesto del Partido Comunista, ni relación con otras propuestas políticas de Carlos Marx y Federico Engels como “la dictadura del proletariado”:
En el Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels escribieron que frente al poder organizado de una clase que oprime a otra, el “proletariado se ve forzado a organizarse como clase para luchar contra la burguesía; la revolución le lleva al Poder; mas tan pronto como desde él, como clase gobernante, derribe por la fuerza el régimen vigente de producción, con éste hará desaparecer las condiciones que determinan el antagonismo de clases, las clases mismas, y, por tanto, su propia soberanía como tal clase”.
AMLO llegó al poder con Morena pero no derribó al régimen de producción vigente, que se mantiene igual y los ricos son más ricos, los pobres son más pobres; y su pobreza es cada vez más lacerante. Se trata, en realidad, de una dictadura pequeño-burguesa, mas no destinada a garantizar el desarrollo del país sino, más bien, a mantener en el poder y conservar los privilegios de los grandes ricos. Se trata del “quítate tú para ponerme yo” de una clase media baja que ha ascendido a clase media alta o clase alta baja que, al concordar con la burguesía, pretende compartir sus privilegios.
Los dirigentes morenistas no están bien preparados ideológicamente, pero sí saben operar por consigna y usan todos los recursos públicos para comprar o amedrentar a los votantes y garantizar el triunfo de sus candidatos, práctica que otrora condenaban enérgicamente. Entre los operadores de Morena hay activistas de partido, los llamados Servidores de la Nación, que anualmente cuestan a los mexicanos tres mil 259 millones de pesos (mdp) en nómina más 50 pesos en “gastos de representación” (EME Equis, 17 enero 2024), monto que supera en 61 por ciento a los dos mil mdp del presupuesto del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El gobierno morenista quitó a la oposición todas las banderas con las que conseguía relacionarse y atraer la voluntad de los electores: y lo hizo restringiendo a sus líderes el acceso a los programas sociales para que únicamente los morenistas puedan capitalizar las demandas de la gente. En el pasado, la CNC y otras agrupaciones campesinas tenían acceso a programas sociales destinados al agro, como era el caso de Procampo; el seguro para daños catastróficos, los programas de comercialización, etc. Pero ahora, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), tanto la oposición como los municipios –incluidos los morenistas– no pueden acceder a recursos adicionales para atender a sus sectores vulnerables porque al poder central solamente le interesa hacer sentir “quién manda” en este país.
Los morenistas se apropiaron de la vieja práctica de usar el dinero del erario, en tarjetas o en efectivo, para comprar votos ciudadanos que favorezcan a sus candidatos. Aunque existe la presunción –como lo afirmó un diputado y fue publicado en algunos medios de prensa– que tales apoyos del “bienestar” proceden no sólo de las arcas gubernamentales, sino quizás también de los oscuros reinos del crimen organizado y del huachicol instituido legalmente por el gobierno morenista. Y cuando los opositores no se doblegan, los persiguen a través de la Fiscalías General de la República (FGR), las fiscalías de los estados y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para condicionarlos con la famosa frase de Zhenli Ye Gon: “cooperas o cuello”. Por ello, Morena cambió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para que próximamente los “jueces del bienestar” puedan enviarlos a la cárcel por todos los años que deseen los líderes morenistas.
Como puede verse, entre los intereses de Morena no está la construcción de una sociedad más justa y mejor para todos. Esto está comprobado por los cambios en las leyes y la forma de actuar de sus gobernantes, legisladores y militantes, a quienes únicamente les interesa que su partido conserve el poder como antes lo hacía el PRI. En estas páginas ya hemos escrito antes que Morena usa el presupuesto de la nación para comprar votos mediante los programas sociales y que lo ha desperdiciado en obras inútiles que la realidad misma ha demostrado que son los monumentos de su fracaso. Efectivamente, el aeropuerto de Santa Lucía, hoy Felipe Ángeles; el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, son obras caras y malas. El primero sigue sin despegar; el segundo, además de provocar un grave deterioro ambiental por la tala de siete millones de árboles, la afectación de varios cenotes y vaya usted a saber cuántas piezas arqueológicas de la cultura Maya, requiere del subsidio de todos los mexicanos; y en el tercer caso, el de la refinería, solamente puede decirse que, hasta ahora, no ha refinado nada a pesar de que AMLO la ha inaugurado en múltiples ocasiones.
Como regalo de fin de sexenio, el Poder Ejecutivo instruyó al Poder Legislativo, convertido en su “oficialía de partes”, para que asestara al sistema judicial, el último poder republicano que funcionaba con independencia, un terrible y macabro golpe que en el futuro inmediato tendrá consecuencias políticas, sociales y económicas que dificultarán la gestión de la Presidenta electa. Ésta señora heredará, además, una deuda gubernamental que, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), corresponde a 138 mdp por minuto; es decir, de 100 mil millones por mes, un monto que, como escribe Mario di Constanzo, exsecretario de hacienda del gobierno “legítimo” de AMLO, “quebrará las finanzas públicas”. Aunque hay algunos connacionales que están agradecidos con este gobierno –entre ellos quienes reciben dinero del “bienestar” y los ricos–; lo cierto es que la inmensa mayoría de los mexicanos no lo están porque su situación no mejoró y consideran que este gobierno fue un fracaso y dejó destrozado al país.
Por ello sigue haciendo falta que los mexicanos logren su liberación total, se liberen mentalmente y atiendan llamados, como el del Movimiento Antorchista Nacional a unirse y organizarse para integrar una fuerza popular que construya un país más justo y mejor para todos.
