Jorge Rodríguez presidente del Parlamento de Venezuela convocó a todos los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos, el lunes para elaborar el calendario electoral para la elección presidencial, en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Está convocatoria fue la respuesta a las amenazas de Estados Unidos de sancionar nuevamente al país bolivariano por ratificar la inhabilitación de la opositora María Corina Machado fundadora del partido derechista Vente Venezuela, que aspiraba a postularse a las presidenciales de 2024 y que no lo puede hacer porque fue inhabilitada por la Contraloría en 2015 a 15 años por delitos de corrupción.
Machado ha estado involucrada en acciones para revertir el orden constitucional, en la trama de corrupción dirigida por el exdiputado opositor Juan Guaidó y en el respaldo de la imposición de sanciones por parte del Gobierno estadounidense.
Al ratificarse la inhabilitación de Machado por el TSJ, lo cual le impide participar como candidata en el proceso electoral para elegir presidente de Venezuela, el Departamento de Estado y voceros de la Casa Blanca anunciaron que dejarán sin efecto dos de las licencias emitidas para permitir operaciones mineras, petroleras y gasíferas, fijando como límite el 18 de abril para reanudar las sanciones a los sectores petroleros y gasíferos.
El martes, mediante un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dio un ultimátum a Venezuela con la amenaza de reavivar las sanciones, en caso de que el acuerdo de Barbados no se retome en los términos que aspira La Casa Blanca.
Jorge Rodríguez, por su parte, ratificó que lo que debe respetarse es “la decisión soberana que tomó el TSJ” y no los designios de un Gobierno extranjero que advierte con aplicar más asfixia económica contra el país suramericano.
“Esa decisión seguirá siendo la misma: el 17 de abril, el 18, el 19. Hasta el fin de la historia porque es cosa juzgada y no hay amenaza de secuestradores que cambien esta decisión”, manifestó.
En opinión del parlamentario, desde el Gobierno de Biden actúan como “secuestradores” que “mandan mensajes para pedir algún rescate o para conseguir sus fines”.
Frente a este panorama, el también jefe de la delegación negociadora del Gobierno ratificó que lo decidido por el máximo tribunal es “cosa juzgada”, y que las acciones que tomó se dieron en el marco de lo acordado por las partes en Bridgetown, por lo que no habría inconsistencias ni incumplimientos.
