De enero a noviembre, las compras de maíz ascendieron a 18.2 millones de toneladas, superando la cifra anual de 2022 de 17.3 millones de toneladas. Se proyecta que para 2024 podrían importarse hasta 22 millones de toneladas.
El valor de las importaciones de maíz ascendieron a 5 mil 366 millones de dólares, un alza de 7.6 por ciento, de acuerdo con estadísticas del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Estos intercambios comerciales se dan en el contexto del panel de solución de controversias entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre las importaciones de maíz transgénico al mercado mexicano, cuya resolución final se dará previsiblemente a mediados de marzo de este 2024.
Fue en agosto pasado cuando Estados Unidos solicitó un panel de resolución de controversias para impugnar las medidas establecidas en el decreto de México del 13 de febrero de 2023, específicamente la prohibición del uso de maíz biotecnológico en tortillas o masa, y la instrucción a las dependencias del gobierno mexicano de sustituir gradualmente el uso de maíz biotecnológico en todos los productos para consumo humano y para alimentación animal.
En octubre pasado, la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) difundió los nombres de los tres panelistas, todos expertos en solución de diferencias en el comercio internacional. El suizo Christian Häberli presidirá el panel de solución de disputas en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y lo integrarán también el panelista estadounidense Jean E. Kalicki y el mexicano Hugo Perezcano Díaz.
Respecto al fallo del panel que se prevé para marzo, Juan Carlos Anaya director general del GCMA, consideró que México lo perderá ya que no ha habido una evidencia científica por parte del gobierno mexicano de que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud humana, animal o ambiental. “Si México pierde el panel, hay dos posibles escenarios: que el Gobierno elimine ese Decreto o que Estados Unidos aplique aranceles por daños”, opinó el presidente del GCMA.
Con información de El Economista