Por Luis Fernando Soto//@luisfersoto
“¡Corrupto!” Gritó una mujer de Santa María Zacatepec el pasado 10 de junio, durante la visita del gobernador Miguel Barbosa a “el socavón” que se formó en esta comunidad de Juan C. Bonilla, un municipio en permanente protesta por la falta de agua.
Cuatro días después de las elecciones intermedias, al mandatario poblano nada lo ponía de mal humor: “¡Corrupta!” respondió carcajeante a la manifestante, cuyo grito se escuchó en el acto a pesar de los metros de distancia marcados con vallas metálicas y el enorme aparato de sonido que enviaba música a los vecinos para rebotar sus consignas.
Este es un ejemplo rápido de la verdadera respuesta que la ciudadanía poblana expresa hacia el gobernador morenista, practicamente desde que asumió el Poder Ejecutivo estatal. No obstante, los millones de pesos invertidos en la prensa local disipan la inactividad, los errores, las omisiones y los abusos de un gobernante empeñado en emular a su predecesor.
Miguel Barbosa Huerta está feliz. Es el verdadero ganador de las elecciones locales. El nuevo mapa político estatal es obra suya y de los miles de millones de pesos del erario invertidos en la compra de conciencias en los órganos electorales y en el acarreo de votantes, compra y coacción del sufragio, con tal de derrotar a sus oponentes políticos y mantener un control opaco de los recursos públicos.
Igual que Rafael Moreno Valle, Barbosa se convierte en el gran elector de Puebla al remover a la incómoda alcaldesa morenista de la capital estatal, Cluadia Rivera Vivanco, a quien destruyó a través de los medios de comunicación que tuvieron material de sobra para dibujarla como una pésima administradora.
Ahora, gracias a la no intervención del Gobierno del Estado en los comicios municipales, Eduardo Rivera Pérez retornará al Ayuntamiento con una extrema demanda ciudadana por detener la inseguridad pública y reactivar la economía local, golpeada por la pandemia y por la escasísima inversión gubernamental y privada en los tres años de gobierno municipal que terminan en octubre.
Con los resultados del 6 de junio, Miguel Barbosa mantiene el control del Congreso del Estado y desplazó a los legisladores federales antagonistas o aliados de otras corrientes morenistas, como la que encabeza Ricardo Monreal mediante el senador por Puebla, Alejandro Armenta Mier, acusado por sus correligionarios morenistas de comprar candidaturas y perfilar a ex priistas y ¡morenovallistas! Acusaciones todas del orden mediático, nada más.
No obstante, Armenta Mier se mantiene como el activo político más reconocido para la sucesión en la gubernatura morenista, situación que mantiene casi intacta gracias a las negociaciones permanentes con Barbosa, a quien visitó en Casa Aguayo un día después de los comicios dominicales.
Para aquellos electores que confiaron en que su voto fue respetado y que eligieron las opciones de la alianza Va por Puebla, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, lamento decepcionarlos con la posibilidad de otro engaño, en esta puesta en escena electoral en la que todos juegan su papel, interpretando solamente las instrucciones del director de la compañía.
Los tres dirigentes de los mencionados partidos ganaron una diputación local por la vía plurinominal y se reunieron ya con el gobernador Barbosa, encuentros en los que desbordó el entendimiento, con fuertes reflejos de camaradería. No en balde, Genoveva Huerta –la panista que heredó la dirigencia estatal del PAN de Rafael Moreno Valle- salió en redes para negar acuerdo con el gobierno morenista para perjudicar al próximo alcalde de la capital poblana. Y como dice el refrán, a explicación no pedida…
Parece que Miguel Barbosa consiguió el control total de la clase política local, pero le queda una piedra en el zapato, el Movimiento Antorchista. Aunque la operación político-electoral dictada desde el gobierno del estado consiguió que esta organización perdiera algunos municipios e impidió su triunfo en distritos donde las encuestas le favorecían, ahora busca arrebatarle en tribunales dos triunfos en municipios emblemáticos, Huitzilan y Ocoyucan, con impugnaciones del PAN y Morena que presentan ¡el mismo texto, la misma letra y las mismas acusaciones!
El primero, enclavado en la Sierra Norte y convertido en ejemplo de desarrollo para los pueblos indígenas. El segundo, en la zona conurbada de la capital, simpre olvidado por los gobiernos estatales pero ahora convertido en joya inmobiliaria por el crecimiento de fraccionamientos de lujo en su territorio. El desarrollo de Huitzilan y Ocoyucan en los últimos 35 y 25 años, respectivamente, se debe a las gestiones de los ayuntamientos antorchistas, pese a quien le pese.
La semana pasada, el líder nacional de los antorchistas, Aquiles Córdova Morán, criticó la subordinación del Tribunal Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Puebla a los intereses del mandatario morenista, pues forma un bloque de poder único que impone su voluntad en una “dictadura perfecta”.
Cómo se explica que Morena, un partido divido en corrientes, con más de 300 impuganciones de sus militantes al proceso de selección de candidatos, con impresentables resultados ante la ciudadanía durante sus ejercicios de gobierno, con la sede estatal clausurada y abandonada ¡ganó la mayoría de los cargos de elección popular en Puebla!
Aunque debemos reconocer que el Instituto Nacional Electoral se ha especializado en el conteo rápido de los votos, el organismo nada hace para detener el uso de recusos y programas públicos en la compra y coacción del voto. El INE no tiene facultades para detener la movilización de electores con dinero que sale directa o indirectamente de las arcas gubernamentales y tampoco es posible demostrarlo ante los tribunales electorales, donde los cargos y sueldos dependen de los poderes Legislativo y Ejecutivo en turno, en esta cadena de complicidad y sumisión que los ata con el Poder Judicial, cometiendo actos de verdadero terrorismo de Estado, alentando la violencia y la impunidad.
La dictadura barbosista en Puebla no tiene contrapesos, en estas nuevas cartas de impunidad virreinal que otorga la 4T a los gobiernos estatales, donde los abusos y excesos no tienen control, en perjuicio de la calidad de vida de la gran mayoría de los habitantes del estado.
