Lirio Dení García Córdova
El miércoles 6 de septiembre, se manifestaron más de mil ciudadanos en la cabecera municipal de Atlixco, para protestar contra la arbitrariedad cometida por el presidente de la junta auxiliar de San Diego Acapulco, de nombre Luis Gustavo Damián Martínez, quien cerró el viernes 25 de agosto el Preescolar de la comunidad, que lleva más de 40 años funcionando, agrediendo el derecho fundamental de los niños a recibir educación.
Con esta acción, el presidente auxiliar comete el delito de despojo contra una institución educativa, y atropella el derecho laboral de las maestras, por lo que éstas y los padres de familia afectados buscaron la ayuda del Movimiento Antorchista en Atlixco para que les ayudara a resolver el problema. Juntos, solicitaron al Ayuntamiento interviniera y hablara con Gustavo Damián para que se reestableciera el funcionamiento de la institución.
Sin embargo, las autoridades municipales, lejos de intervenir de manera inmediata, como lo ameritaba el caso, por la grave afectación que sufren los niños al no recibir su preparación preescolar, le han dado vueltas al asunto mientras se consuman diversos delitos como el de despojo, usurpación de funciones y alteración de la paz con apología del delito en la junta auxiliar, todos ellos cometidos por un funcionario público que, ante la pasividad del Ayuntamiento, en un evidente acto de abuso de poder, se burla de la ciudadanía y de la ley.
Al término de la manifestación, una comisión fue recibida por la presidenta municipal, la Doctora Ariadna Ayala Camarillo, quien, en una desafortunada intervención, señaló que su Ayuntamiento no estaba facultado para resolver el conflicto, toda vez que ella es una autoridad administrativa y no judicial. Por ello y en apego a la legalidad, los afectados debían levantar la denuncia correspondiente en otras instancias.
Asimismo, señaló que en atención a nuestra preocupación, había solicitado a otro preescolar que recibiera a los niños afectados, cuando los padres de familia, ante la oferta educativa en la junta auxiliar, han decidido elegir el preescolar hoy secuestrado, para la educación de sus hijos.
Ante esta respuesta y luego de las distintas vueltas que su Ayuntamiento le ha dado al problema durante casi dos semanas, tales como negar participación alguna en el cierre de la institución, a pesar de que el presidente auxiliar señalara directamente al síndico municipal de haber puesto el candado al portón de la institución; la recomendación del mismo síndico de que fueran los afectados los que abrieran el preescolar, con el riesgo latente de provocar un enfrentamiento con algunos pobladores; y la recomendación última de proceder legalmente sin la intervención del Ayuntamiento, los antorchistas y los afectados hemos decidido escalar las protestas a nivel estatal, para impedir que se siga violentando un derecho reconocido por nuestra constitución y que protege a la niñez de Atlixco y del país.
La presidenta municipal siempre ha manifestado que su gobierno está apegado a derecho y a la legalidad. Asimismo, afirma que es una defensora de la educación pública porque fue ahí donde ella se formó desde su juventud. Pues bien, el problema que hoy se presenta en San Diego Acapulco agrede ambos rubros de los que ella se ha proclamado adalid. Se ha cerrado dolosamente un centro escolar público y se han cometido varios delitos. Es por ello que confiamos en que, atendiendo a la congruencia entre el decir y el hacer, así como a la sensibilidad para con los niños, se intervenga a nivel municipal, para que se reabra el preescolar, se permita que los niños tomen sus clases, se deje funcionar a una institución que tiene más de 40 años de antigüedad y nunca había presentado problemas y, finalmente, que se respete el derecho a laborar de las maestras afectadas.
De no ser así, de seguir consecuentando la flagrante violación a la ley por parte de una autoridad que de manera arbitraria agrede el futuro de la niñez, los antorchistas escalaremos las protestas a nivel estatal y nacional, si fuera necesario, para hacer valer este derecho fundamental que se justifica en el bienestar de la niñez del municipio y de México.