A la inflación se suma la sequía que golpea al 87.5 por ciento del territorio nacional y perjudica, por dos vías, la alimentación de los mexicanos.
Por Jorge López Hernández
En México, millones de personas del campo y la ciudad se encuentran en pobreza alimentaria, es decir, padecen hambre. Con el paro de la economía a causa de la pandemia, este problema se agudizó debido a dos inconvenientes: el desempleo y la inflación. Con el desempleo de millones de trabajadores, los ingresos de las familias se han reducido drásticamente; en el mejor de los casos, tuvieron que modificar su consumo alimentario; y en el peor, racionarlo a una o dos veces al día; es decir, están padeciendo hambre. Con ingresos bajos y precios altos, las familias más pobres ya no consumen alimentos esenciales para una sana alimentación.
En lo que va de 2021, algunos alimentos básicos se encarecen cada vez más. Por ejemplo en marzo, el precio de un kilogramo (kg) de pollo se incrementó 15.2 por ciento; la carne de res, 7.3; el arroz, 34.2; frijol, 27.7; pasta para sopa, 13.3; aceites y grasas, 10.9; tortilla y pan de caja, 6.7; pieza de bolillo, 12.7; y el litro de leche pasteurizada, 7.5. A estas alzas se agrega la del gas doméstico LP que, en promedio, tuvo un incremento del 9.5 por ciento durante 2020 y en marzo de este año había aumentado el 36.5. La inflación en abril fue del 6.08 por ciento, es decir, el incremento de precios fue generalizado y no solo en los productos básicos.
El alza de precios de los alimentos y productos de primera necesidad impacta mucho más en las familias pobres, porque deben reducir la cantidad de alimentos que consumen diariamente; además, tienen que sustituir el consumo de productos frescos y de mayor calidad por productos ultraprocesados, que en su mayoría son más baratos pero dañan la salud porque, con los productos chatarra, afectan a las personas de todas las edades, pero especialmente a los individuos que se hallan en pleno desarrollo.
A la inflación se suma la sequía que golpea al 87.5 por ciento del territorio nacional y perjudica, por dos vías, la alimentación de los mexicanos: una, al provocar que una importante cantidad de tierra cultivada con riego no reciba agua de las presas casi vacías; y otra, que la producción agrícola de temporal –que representa el 79 por ciento de la superficie sembrada– está viéndose seriamente inhabilitada por la falta de lluvias. En esta situación dramática se hallan miles de familias que cultivan para autoconsumo, ya que no obtendrán alimentos ni podrán adquirirlos en el mercado por su precio tan elevado.
Para el actual gobierno, el hambre de millones de personas no representa un problema social o sencillamente no le importa, ya que eliminó el Programa de Apoyo Alimentario que dotaba mediante una canasta básica a las familias más pobres o con problemas de nutrición. También desapareció los comedores comunitarios, que beneficiaban principalmente a la población más pobre de las zonas urbanas. Los únicos programas vigentes son los operados por Segalmex, que se limitan a la venta de productos básicos a través de las tiendas Diconsa, y el de la leche Liconsa. Este último programa, además de subir en 150 por ciento su precio, fue eliminado en 67 municipios marginados a partir de 2019, dejando sin el lácteo a más de 478 mil mexicanos que, en años anteriores, habían sido beneficiarios.
Las familias pobres del campo y la ciudad están en grave riesgo de sufrir una hambruna; y ni siquiera durante la cuarentena han logrado atraer la atención del Gobierno Federal mediante la creación de un programa de abasto alimentario. Al no verlos ni escucharlos, ha dejado a los más pobres de la patria a su suerte.
