Entre los casos más graves, documentados en un estudio de violación a los derechos humanos realizado por Estados Unidos de América (EUA), destacan los ataques del gobierno de Puebla hacia medios poblanos como e-consulta, el asesinato de la activista Cecilia Monzón, y las agresiones a la periodista Lydia Cacho.
En este sentido, delitos como homicidios legítimos o arbitrarios a manos de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales, son algunos de los principales problemas que se registran en el país en materia de derechos humanos, de acuerdo con el reporte “2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico”, elaborado por el Departamento de Estado de EUA.
A estas violaciones a los DH, le siguen actos como detenciones o reclusiones arbitrarias; restricciones a la libertad de expresión a los medios de comunicación, (incluida la violencia contra periodistas). Asimismo, insuficiencia en investigaciones y acceso a la justicia para mujeres e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.
En la Sección 2, denominada “Respeto de las libertades civiles”, el Departamento de Estado de EUA destacan algunos casos de censura o restricción de contenido en los medios de comunicación, tales como las siete demandas en contra del medio de comunicación e-consulta que el gobierno del estado de Puebla realizó por la publicación de artículos y notas que exhibieron presuntos actos de corrupción y rendición de cuentas insuficiente.
Este texto también señala la vulnerabilidad de los periodistas y comunicadores a “multas exorbitantes”, luego de que, en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminara el tope de las sanciones por daños morales.
Por ejemplo, en 2019, el tribunal de Ciudad de México condenó a Sergio Aguayo, académico y columnista del diario Reforma, a pagar multa de 10 millones de pesos “por daños morales” al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Otro caso de Puebla contenido en la sección 6, “Discriminación y abusos sociales”, es el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, ocurrido el 21 de mayo del 2022, en el municipio de Cholula.
En abril, Cecilia Monzón presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una demanda de pensión alimenticia contra el exdiputado local priista, Javier López Zavala, con quien tenía un hijo.
“El día antes de su muerte, criticó públicamente a la fiscalía por no tramitar la petición. Las autoridades detuvieron a Zavala y a otros tres presuntos cómplices por feminicidio. A 31 de diciembre, los cuatro estaban a la espera de juicio”, detalla el documento.
En la Sección 1, “Respeto de la integridad de la persona”, indica las agresiones en contra de Lydia Cacho como uno de los hechos que describen ilícitos vigentes, como la tortura y detenciones arbitrarias.
El 20 de julio de 2022, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, perdió una moción en la que solicitó la libertad condicional a la espera de juicio por la tortura de la periodista Lydia Cacho, por destapar en 2005 una presenta red de trata sexual de menores en la que el entonces mandatario estaba involucrada.
El informe evidencia la crisis de acceso a la justicia en México respecto a estas agresiones, pues de acuerdo con la organización civil “Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos” de 2006 a 2020 autoridades federales dictaron sólo tres sentencias por tortura, aunque recibieron 27 denuncias.
Coninformación de E-Consulta
