Por Luis Fernando Soto // @luisfersoto
“No fueron elecciones de Estado, como las que se llevaron a cabo durante décadas y siglos en México”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 7 de junio, posterior a los comicios del domingo.
Sostengo que al presidente mexicano hay que leerlo al revés, entender sus palabras en el sentido contrario que refiere. Confirmo mis sospechas cuando AMLO lanza alocuciones como “nunca pondría a la población en riesgo”, durante el anuncio del regreso a clases presenciales de niñas y niños sin vacuna contra la Covid-19. Al presidente se le olvidan más de 220 mil personas pobres –obreros, amas de casa y jubilados, según la UNAM- que sortearon la pandemia ¡bajo su propio riesgo! Y murieron en el intento.
Los comicios del 6 de junio fueron una Elección de Estado. La intervención del presidente durante las campañas proselitistas constituyeron una violación a la Constitución, señaló la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE). Se utilizaron los programas sociales, principalmente los apoyos a madres solteras y las becas para estudiantes, para coaccionar el voto en colonias urbanas populares y comunidades rurales, donde estos apoyos gubernamentales son de vital importancia, especialmente cuando este gobierno sumó a las filas de la pobreza a 9 millones de mexicanos en dos años.
En el México del pasado, las elecciones se resolvían a balazos. Todavía en los años ochentas del siglo XX, las expresiones “mapache electoral, carrusel, urnas rellenadas” eran parte del argot periodístico para referirse a las trampas electorales que garantizaban el “carro completo” del partido en el poder durante 71 años. Las reformas electorales que permitieron la creación del Instituto Federal Electoral (hoy INE) nos hicieron creer que el voto ciudadano sería respetado y que viviríamos procesos en paz. Pero el gusto nos duró poco.
La violencia electoral dejó 91 políticos asesinados entre el 7 de septiembre de 2020 y el 5 de junio de 2021, de acuerdo con datos del Indicador de Violencia Política en México, realizado por la consultora Etellekt. “De esa cifra 36 eran aspirantes o candidatos y de éstos últimos 31 eran del ámbito municipal y 90% eran opositores a los presidentes municipales del lugar en donde vivían”.
En su conferencia del 7 de junio, el presidente López Obrador dijo que durante las votaciones del domingo “la gente se portó muy bien” y hasta felicitó a los cárteles delictivos en el país.
“Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien; muy pocos actos de violencia de éstos grupos. Se portó más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron los resultados. El viernes, el sábado y el domingo hubo pocos homicidios”.
Tal parece que el presidente conoce a dichos grupos y hasta los alienta a seguir por el camino de la “¡violencia moderada!”, aquella que se expresó en el robo de urnas, en el ataque a casillas y votantes, en el disparo de armas de fuego cerca del centro de votación; en los golpeados y acuchillados por rencillas partidistas y el uso de grupos de choque para causar pánico entre los electores de un municipio o un distrito.
De los 91 políticos asesinados en este periodo electoral, el presidente solamente realizó dos menciones por el asesinato de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón. El 26 de mayo dio sus condolencias a los familiares pero resaltó: “Esto se da en Guanajuato donde hay mucha confrontación entre grupos” de la delincuencia organizada, dando por hecho que el homicidio de la candidata tendría nexos con los cárteles que de disputan el territorio estatal.
Las displicencia de López Obrador hacia el crimen organizado es fuertemente criticada en muchos ámbitos, desde aquel saludo a la madre de “El Chapo” Guzmán hasta sus recursos morales como “abrazos no balazos”, para desestimar una guerra contra el narcotráfico, mientras que los homicidios violentos y feminicidios logran cifras récord, con más 80 mil muertes en dos años de su administración. Números que en cualquier parte del mundo serían consideradas un genocidio.
La Cuarta Transformación parece empeñada en justificar los daños colaterales de su política presidencialista y de austeridad para el pueblo. Se observa en la inversión de los recursos públicos, destinados exclusivamente en los proyectos faraónicos de AMLO, aunque ello represente sacrificar la compra de medicamentos para combatir enfermedades crónicas; en la respuesta político-electoral a la pandemia del coronavirus y ahora en la administración sistemática de la violencia armada o la persecusión política de contrarios, para entronizar a López Obrador y su partido unos cuántos años más.
