Las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela han afectado gravemente a la mayoría de la población.
Se cumplen ya ocho años desde la firma del decreto ejecutivo de “emergencia nacional”, que considera a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para EE.UU., y que sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas punitivas contra el país suramericano
Barack Obama consignó la Orden Ejecutiva 13692 el 8 de marzo de 2015. Esta declaratoria fue prorrogada el pasado 1 por el mandatario estadounidense Joe Biden, quien afirmó en un mensaje escrito al Congreso que era “necesario continuar con la emergencia nacional”.
La Cancillería venezolana calificó la extensión de las sanciones como medida injerencista de EE. UU. Hasta el momento, tanto EE.UU. como otros países han aplicado un total de 929 medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela..
Por su parte, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, afirmó que este jueves se cumplen ocho años de la emisión de un decreto que ha representado la “columna vertebral de la criminal política de sanciones contra Venezuela, el eje que sostiene las 929 medidas coercitivas unilaterales”.
En 2021, la Relatora Especial de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, dijo que las sanciones habían causado un “efecto devastador” y “catastrófico” sobre la población venezolana.
El 54,7 % de las sanciones contra el país suramericano provienen de EE.UU.; 14, 2 %, de Canadá y 7,2 % son de la Unión Europea (UE).
Algunos de los recursos y activos congelados, confiscados o retenidos en el exterior, que suman 24 mil millones de dólares, son:
7 mil millones de dólares congelados en bancos.
5 mil millones dólares retenidos en el Fondo Monetario Internacional.
2 mil millones de dólares en 31 toneladas de oro confiscadas por Inglaterra.
10 mil millones de dólares de Citgo Corp. confiscados por EE.UU.
Entre 2015 y junio de 2020, la producción de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) cayó 87%, lo que significó pasar de un promedio 2,4 millones de barriles diarios a 339 mil barriles, en junio de 2020. De cada cien dólares en divisas, el país dejó de percibir 99 en siete años.
Según el Observatorio Antibloqueo, investigaciones económicas estiman en 232 mil millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera “debido a la caída de la producción, las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra PDVSA”.
Además se han aplicado sanciones como el bloqueo a la deuda, prohibición de repartir dividendos, confiscación de los activos de Citgo, Monómeros y otros, como sanciones a directivos y empresas petroleras internacionales y socios de PDVSA, sanciones a buques y personal de transporte marítimo, imposición de costos financieros, comerciales y lógisticos.
En octubre de 2020, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley Antibloqueo, presentada por Maduro para enfrentar las sanciones impuestas por el gobierno de EE.UU. y recuperar la economía nacional.
En este instrumento legal se adecuó el marco jurídico con la finalidad de “defender la soberanía de Venezuela, los recursos y los derechos del pueblo venezolano frente a la agresión económica y los impactos de las medidas coercitivas unilaterales”, según la página del Observatorio Venezolano Antibloqueo.
En esa oportunidad, el viceministro de Políticas Antibloqueo consideró que la ley podría ayudar al país a “hacer asociaciones nuevas, atraer inversiones, reactivar activos y proteger activos dentro y fuera de Venezuela, e incorporar a los sectores productivos, a la gran industria, a la pequeña y mediana empresa, al poder popular, y por supuesto a las inversiones de gran capital”. El instrumento legal tendrá vigencia mientras persista el bloqueo o sus efectos.
