Su país, México, se precipita por el acantilado, conducido por una persona embriagada de poder, opina la periodista Anabel Hernández. Pero algunos mexicanos, advierte, ya se han puesto el cinturón de seguridad.
Los mexicanos viajamos sin cinturón de seguridad en una vagoneta conducida por una persona embriagada de poder que pisa imprudentemente el acelerador en medio de la tormenta. Pienso que hoy no existe mexicano que no haya sentido alguna vez el vértigo o el desasosiego de estar abordo en este periplo sin final feliz.
La oferta de transformación, justicia y paz hecha por el supuesto hombre de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante los más de doce años que buscó ser presidente de México se precipitan por el acantilado, como está a punto de ocurrir con el frágil vehículo que está conduciendo: nuestro país.
Esto es inaceptable. Esta palabra contundente, clara, aplastante, fue pronunciada el 6 de marzo por la vocera de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre, en Washington DC, al referirse al secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses ocurrido el viernes 3 de marzo en Matamoros, en el caótico estado de Tamaulipas, ahora gobernado por Américo Villarreal, miembro de la elite del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Se trata del mismo estado caótico, ahora morenista, en donde el Ejército Mexicano atacó y ejecutó a cinco personas, uno de ellos también ciudadano de Estados Unidos, el pasado 26 de febrero, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. En un principio, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dijo que los militares dispararon al vehículo en que viajaban las personas luego de que éste se estrellara y hubiera una detonación, mientras que las autoridades morenistas del Gobierno local guardaron silencio, y la Fiscalía General del Estado no acudió a hacer las labores periciales y forenses.
La historia contada por la SEDENA en realidad nunca existió. Otra mentira para encubrir los abusos del Ejército como ocurrió con el ataque contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 en Iguala, Guerrero, y cuyo proceso contra altos mandos militares sigue obstruido por la SEDENA pese a las pruebas que hay sobre la responsabilidad a alto nivel.
Gracias a un sobreviviente y a vecinos, se supo que el vehículo atacado el 26 de febrero tenía impactos de bala en el parabrisas, es decir, fue a consecuencia de los disparos que el vehículo se impactó. Y aunque dos de los tripulantes habían sobrevivido, ya abajo del auto, sometidos, los militares les dieron el tiro de gracia. Los pasajeros no iban armados y no habían agredido de ninguna forma a los uniformados.
No satisfechos con la masacre, cuando los vecinos protestaron por los hechos, el pelotón uniformado y en vehículos oficiales los agredió e incluso uno de los elementos disparó hacia el aire y hacia el suelo como narco, para atemorizar y silenciar a la población. No pudieron, porque los ciudadanos pacíficamente se resistieron al abuso de poder, grabaron los hechos y denunciaron.
Repetitivamente, en esta embriaguez autoritaria que caracteriza a AMLO, éste ha dicho en diversos momentos desde el inicio de su Gobierno que, por decreto, por que él lo dice y lo ordena, se acabó la estrategia de seguridad “mátalos en caliente” que tenía el Gobierno de Felipe Calderón. Lo dijo en 2019 en su informe de primer año de gobierno, en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo dijo en 2020, en su segundo informe: “Se acabó el “remátalos” el “mátalos en caliente””. Y lo ha repetido innumerables veces, sobre todo cuando estaba promoviendo la militarización de la Guardia Nacional el año pasado.
Lo ocurrido en Nuevo Laredo es una prueba irrefutable de que en el Gobierno de la Cuarta Transformación, al igual que en el pasado, sí “mata en caliente” a los ciudadanos.
En varias ocasiones, en este mismo espacio, en 2022, me pronuncié en contra del militarismo del país, agudizado por el presidente López Obrador. En campaña electoral, había prometido desmilitarizar la nación pero, por el contrario, ha emprendido una militarización total. Ha empoderado al Ejército como ningún otro presidente en los últimos cincuenta años. No solo les dio, violando la Constitución, el monopolio de la fuerza pública federal, dejando en sus manos la Guardia Nacional, antes una policía civil y ahora cien por ciento militar. Sino que además les otorgó la construcción de las principales obras públicas del sexenio: Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y más de 2 mil 700 establecimientos del llamado Banco del Bienestar. Además, les ha dejado la responsabilidad de puertos, aduanas y a la Secretaría de Marina el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
AMLO y su partido defendieron con falacias la militarización. Aseguraron que, en el Ejército, ya no había abusos y eran la única garantía para la paz y el orden. Esto, pese a que las quejas contra las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos se habían multiplicado en los primeros años de gobierno de López Obrador, según las propias cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A la par de los abusos del Ejército, la cifra de desaparecidos ha llegado a siniestros niveles récord. También inaceptables. Cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2018, la cifra era de 35 mil víctimas. Al 7 de marzo de 2023, según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, el número asciende a 112 mil personas desaparecidas. Es decir, tres veces más. ¿Alguien necesita alguna otra prueba sobre el desastre?
Con información de DW
