Enarbolando como consigna principal «Democracia sí, dictadura no», las movilizaciones continuan en Perú exigiendo la dimisión de la presidenta Dina Bioluarte, la disolución del Congreso, elecciones extraordinarias, la liberación de Pedro Castillo y el establecimiento de una Constituyente para modificar la actual constitución.
La respuesta del gobierno fue nuevamente la represión; la manifestación terminó envuelta en la nube de gases lacrimógenos y rodeada por un numeroso cordón policial.
Mientras la policía reprimia las protestas contra Dina Boluarte, ella, se presentó por primera vez ante la Fiscalía para responder a las denuncias sobre su presunta responsabilidad en las represiones que han marcado sus tres meses de gestión, y que ya han dejado un saldo de decenas de muertes.
El último informe de la Defensoría del Pueblo, el uso de la fuerza pública oficial ha dejado un saldo de 48 manifestantes muertos (aunque algunos medios elevan la cifra a 60); mil 301 heridos, cientos de detenidos, y por lo menos un caso de desaparición forzada.
Las críticas a la permanente represión de la protesta social que padece Perú se acrecentaron luego de que el ministro de Educación, Óscar Becerra, se refiriera de manera despectiva a las manifestantes indígenas.
“Ni los animales exponen a sus hijos así (…) dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres llegan a alquilar a sus hijos como para que sean llevados a esto”, dijo en declaraciones que desataron un inmediato repudio, pero de las cuales el funcionario no se retractó.
Desde el primer día, las represiones han sido un sello de la gestión de Boluarte y el número de víctimas se sigue acumulando a pesar de las denuncias y reclamos de organismos nacionales e internacionales.
“En cualquier sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que solo puede resolverse mediante un diálogo genuino, en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma”, explicaron los expertos en un comunicado.
