Por: Homero Aguirre Enríquez
Con un discurso engañosamente ambientalista, está en marcha una operación del Gobierno morenista de Puebla para cargarles el peso de un nuevo impuesto a los contribuyentes, lo que afectará a cientos de miles de familias de menores ingresos que de por sí se encuentran en medio de grandes penurias para solventar sus necesidades, provocadas por el estancamiento económico y la pandemia de los años recientes.
El cobro que caerá sobre los poblanos es una tarifa de alrededor de 628 pesos por concepto de “verificación” de la emisión de gases emitidos por los vehiculos, que se impondrá a los propietarios de más de un millón 200 mil automotores que forman el parque vehicular en Puebla, lo cual dará en números redondos un ingreso que ronda los 700 millones de pesos al Gobierno del estado, cantidad que será compartida con algunos políticos dueños de los verificentros y que no le hacen asco a un negocio multimillonario así sea a costa de empobrecer más a cientos de miles. Este cobro se sumará al que ya se impuso al llegar Barbosa a la gubernatura de Puebla, para cambiar el color de las placas de los automóviles, cuyos propietarios fueron obligados a portar el color oficial del partido Morena, arrojando ingresos por 500 millones de pesos. Como se ve, los conceptos de impuestos de quienes se dicen progresistas y de izquierda no se hallan muy lejos de los intentos de cobrar por tener ventanas, perros y caballos en aquellos tiempos de Santa Anna.
Como es natural en un país donde la inmensa mayoría es pobre, la nueva acción morenista de vaciar el bolsillo de los poblanos de menores ingresos no ha tardado en generar amplio rechazo y multitudinarias movilizaciones entre quienes tienen un vehículo automotor para trabajar o trasladarse, pero sin que poseer ese vehículo signifique que gozan de ingresos suficientes o que defiendan privilegios, y entre quienes tienen claro que ese impuesto aplicado a los transportistas no tardará en trasladarse a los consumidores.
El rechazo es auténtico, y no quiere decir que la gente no entienda que el ambiente debe protegerse de la contaminación que lo atosiga, pero hay abundantes razones y datos para probar que, en vez de cebarse en los propietarios de vehículos, la lucha contra la contaminación debe basarse en imponer fuertes impuestos y verificaciones libres de corrupción a los grandes contaminadores que arrojan toneladas de tóxicos a través de las chimeneas de sus fábricas, varias de ellas ubicadas en Puebla. Se puede demostrar que esa política no es la que impulsa Morena en ninguna parte de México.
Tampoco hay oposición a que se verifiquen los automóviles y se procure que emitan pocos contaminantes, pero las protestas se generan porque no es justo que los costos de tales verificaciones recaigan en quienes tienen menores ingresos y, de hecho, realizan las mayores aportaciones a los ingresos gubernamentales mediante impuestos de todo tipo. Se trata, al final de cuentas, de un nuevo impuesto a los más pobres, aplicado por un gobierno que dijo que en sus actos de gobierno estarían primero los intereses de los más pobres.
La actitud que asumen quienes gobiernan Puebla ante las críticas a esta política agresiva e injusta con la mayoría de trabajadores poblanos, misma que indecorosamente transmiten algunos voceros nada gratuitos que obedecen la voz de los nuevos amos, ilustra con toda claridad la visión de fondo del grupo gobernante encabezado en el país por Andrés Manuel López Obrador. En los hechos y tras cuatro años de gobierno, el eje de su política fiscal, basada en compromisos con grandes grupos de poder del país y del mundo, es evitar a toda costa decretar impuestos que afecten a los multimillonarios, impulsar recortes al gasto público ( disfrazados de combate a la corrupción) en áreas que dañan el bienestar de los más pobres y aplicar tarifas, como en Puebla, que corran a cargo de las clases trabajadoras, a las que se ha inducido a conformarse con recibir pequeñas cantidades de dinero en unas tarjetas y renunciar a sus demandas de bienestar.
Esa posición de defensa a ultranza de los grandes potentados mexicanos ha sido la constante en el gobierno de la 4T. AMLO y todo el aparato de gobierno federal y en los estados no hacen caso a analistas serios que plantean elevar las tarifas que pagan los más ricos en vez de ensañarse con los contribuyentes de clases populares y medias: “En México… las personas que ganan, en promedio, entre 22 y 65 millones de pesos al mes pagan la misma tasa efectiva de impuesto que alguien que gana 23.000 pesos al mes. (Esto se calcula a partir de datos abiertos suministrados por el Sistema de Administración Tributaria mexicano y estimaciones de ingreso ajustadas por evasión fiscal)”, escribió en 2021 la analista Viri Ríos.
También hacen a un lado las recomendaciones documentadas y sensatas que periodicamente hacen sobre el tema algunas organizaciones internacionales, como la bien documentada Oxfam, quien apenas volvió a recomendar un impuesto a las grandes fortunas: “Para buscar una distribución más equitativa de la riqueza, la ONG recomienda aplicar una tasa de impuesto adicional de 2 por ciento para quienes posean más de 20 millones de pesos, del 3 por ciento para aquellas personas cuya fortuna se encuentre arriba de 100 millones de pesos, y del 5 por ciento para los milmillonarios, es decir, quienes tienen fortunas de más de 20 mil millones de pesos o mil millones de dólares… “Este impuesto a las grandes fortunas permitiría recaudar hasta 270 mil millones de pesos anuales, lo que sería suficiente, por ejemplo, para incrementar el actual gasto en salud pública federal en casi 40 por ciento o para multiplicar en 17 veces el actual gasto federal en protección ambiental”. El Financiero, 23 de enero.
El Gobierno de Morena mantiene una posición tan radicalmente opuesta a una reforma fiscal progresiva, que incluso resulta más conservador que algunos multimillonarios de otros países que, alertados por la posibilidad de un estallido social, exigen que sus respectivos gobiernos les cobren impuestos: “Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, dijo Marlene Engelhorn, una multimillonaria austroalemana que ha dicho estar dispuesta a entregar el 90% de su riqueza al Estado.
Y si el Gobierno de Morena, a todos niveles, no le hace caso a las ideas y recomendaciones para que aplique una política fiscal progresiva, si la acción del gobierno se encuentra tan lejana de una acción de verdadero reparto de la riqueza social generada por los trabajadores; si insiste en seguir cargando el peso del gasto público en los hombros de quienes menos tienen y continúa protegiendo a las grandes fortunas, los movimientos de resistencia a tal política, como el que actualmente sostienen decenas de miles de poblanos, entre los que ocupan dignamente su lugar los antorchistas, contra el abusivo cobro por verificar automóviles, merecen recibir el respeto y la solidaridad de todos los mexicanos pues nos están indicando la única salida verdadera.
