La secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, anunció que el Gobierno de Puebla pagó en 2022 un total de 3 mil 281 millones de pesos en obligaciones por la deuda pública que heredaron de administraciones anteriores.
La deuda actual asciende a 44 mil 187 millones de pesos, por lo que se siguen pagando pasivos por los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), Asociación Público Privada (APP) y otras obligaciones que dejaron administraciones anteriores (como la de los panistas Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad).
“El saldo es de 44 mil 187 millones de pesos, destacando que se ha atendido en tiempo y forma las obligaciones del importe correspondiente, destinamos 3 mil 281 millones para pagar obligaciones, tanto de deuda como de los APP´s y diversas obligaciones del pasado”, comentó Castro Corro.
Ese monto representa el 58.2% del recurso invertido en infraestructura y casi todo el dinero destinado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 2022.
Se tiene previsto pagar 200 millones de pesos por las demandas laborales que cada año se hacen efectivas, pues se han emitido sentencias a favor de los extrabajadores demandantes.
En el tema de pensiones, aseguró que se cuenta con un fondo de reservas por 2 mil 300 millones de pesos; sin embargo, el recurso es insuficiente, ya que se requieren al menos 2 mil 500 millones de pesos y las reservas previstas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) se agotaron.
Por otro lado, reveló que en 2022 se presentaron 27 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.
La secretaria aseguró que existe coordinación con las notarías públicas para prevenir y detectar conductas con recursos de procedencia ilícita.
