Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno “no hay pájaros en el alambre”, continúa la complicidad del gobierno federal con empresas intermediarias que venden el malware Pegasus, para el espionaje de personas mediante la intervención de su dispositivos móviles.
El uso del programa informático malicioso, en contra de periodistas y defensores de los Derechos Humanos, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), fue demostrado en octubre pasado, mediante análisis forénses realizados por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
Un operador activo en México intervino los teléfonos celulares de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; del analista político Ricardo Raphael y de un periodista del portal Animal Político, cuya identidad se mantiene en el anonimato.
Para Pepe Flores, vocero de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el espionaje en contra de dichas personas, no es mera coincidencia:
Ramos suma 20 años acompañando casos de ejecuciones extrajudiciales en la frontera de Tamaulipas; Raphael publicó su libro “Hijo de la guerra”, sobre la conformación del cártel de Los Zetas como grupo paramilitar, mientras que el periodista daba cobertura de casos de abusos de las fuerzas armadas.
En entrevista para Contigo Puebla, Pepe Flores recordó que la SEDENA carece de facultades legales para intervenir comunicaciones privadas y, en un escenario de creciente militarización, resulta preocupante que se espié a posibles críticos del gobierno de López Obrador.
El vocero de la R3D alertó sobre la complicidad del gobierno federal con empresas intermediarias, con derechos exclusivos para la venta de Pegasus, como lo comprueba el contrato establecido en 2019 por la Defensa Nacional y Comercializadora Antsua, para la prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
Aquí, la entrevista completa con Pepe Flores.
