Ayotzinapa, el caso utilizado como bandera política por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría quedar en la impunidad, con el subsecuente malestar social y pérdida de confianza, ante la posible fabricación de pruebas presentadas por el gobierno federal en agosto pasado.
Este lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, señalo que las capturas de pantalla, con supuestos mensajes de WhatsApp entre miembros del cártel Guerreros Unidos y que daban cuenta del paradero de los 43 normalistas, podrían ser falsos.
En conferencia de prensa, los integrantes del GIEI, Carlos Martín Beristain, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox Vial y Ángela María Buitrago, señalaron que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes” avalados por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa.
Desde la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Carlos Martín Beristain advirtió que, en su intento por apresurar resultados, el gobierno de López Obrador generó “una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en su independencia y la confianza en los resultados de la investigación».
Claudia Paz informó que las órdenes de captura obtenidas por la Unidad Especial de Investigación del Caso Ayotzinapa, no tienen relación con el informe presentado por la Comisión de la Verdad y Justicia: “No corresponde a la realidad”.
En tanto, Francisco Cox describió el análisis forense realizado a 467 capturas de pantalla, el cual determinó que al menos 181 imágenes tipo screen shots, fueron elaboradas y nunca se intercambiaron en WhatsApp.
El GIEI ha pedido que el presidente López Obrador ordene la presentación de los archivos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), especialmente aquella información generada en el Centro Regional de Inteligencia de Iguala, sin la cual se obstaculiza la búsqueda de los desaparecidos.
Ángela María Buitrago enfatizó que numerosos miembros del 27º Batallón estuvieron al tanto y fueron testigos de la captura de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, además de evidenciar la relación entre militares y miembros del cártel Guerreros Unidos.
