Puebla, Puebla. Este día, organizaciones sociales y activistas denunciaron al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, por haber emprendido una persecución política en contra de Abelardo Cuéllar Delgado, exsecretario del Trabajo en el estado.
En este sentido, maestros, defensores del agua, electricistas, universitarios, jubilados y militantes de Morena, dieron a conocer que la Fiscalía General de Puebla giró orden de aprehensión en contra de Abelardo Cuéllar Delgado.
En este sentido, Francisco Montemayor, quien fue considerado preso político en el sexenio del Rafael Moreno Valle, dijo que el caso de Abelardo Cuéllar pone en evidencia que en Puebla nada cambió con la llegada de la llamada 4T.
Así mismo detalló que en el actual gobierno, igual que en la era panista, se fabrican expedientes y delitos con fines políticos y como una forma de acallar voces críticas.
“Los mismos mecanismos que me aplicaron a mí ahora se aplican a él: fabricar un delito, recurrir a las instancias y a autoridades que son títeres para que ejerzan acciones penales. Pensé que esto ya se había acabado, pero sigue siendo una práctica”, expresó el defensor del agua.
En distintas ocasiones, el gobernador acusó que el despacho de Cuéllar Delgado se benefició de laudos que obtuvieron trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP).
Sin embargo, Cuéllar Delgado ha recordado que desde antes de ser nombrado secretario del Trabajo, era público su desempeño como abogado laborista y defensor de los burócratas que de manera masiva fueron despedidos durante el gobierno de Moreno Valle.
Además, en entrevista ha aclarado que años antes de tomar el cargo en el gabinete estatal se separó de su despacho y se desligó de los casos que llevaba, aparte de que en su desempeño como secretario no tuvo que ver con los fallos a favor de los extrabajadores que fueron emitidos por la justicia federal.
En el acto de apoyo a Cuéllar, Cristina García, del Colectivo de Jubilados del Seguro Social 15 de Agosto, aseguró que las acusaciones contra el exsecretario tienen como fin inhabilitarlo políticamente.
