El gobernador ultraderechista del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su camarilla separatista mantienen un paro elitista y patronal desde el 21 de octubre contra el gobierno de Bolivia que ya ha costado una vida y pérdidas económicas por decenas de millones de dólares. Camacho y los líderes del Comité Cívico Pro Santa Cruz exigen que se adelante para el 2023 el censo de población y viviendas, pospuesto por razones técnicas para un año más tarde con el consenso de todos los gobernadores y solo la opinión en contra del gobernador cruceño.
Conviene recordar que Camacho es uno de los políticos más reaccionarios, racistas, proimperialistas y patriarcales de Bolivia y uno de los sujetos más destacados en la organización del golpe contra Evo Morales en 2019, iniciado con un paro muy parecido al actual, que arrastró a sectores importantes de las clases medias de Bolivia.
Pero hoy las condiciones no son las mismas de entonces, el Movimiento al Socialismo (MAS) ganó en experiencia y conciencia, viene de una gran victoria electoral en que derrotó el golpe de derecha con más del 55 por ciento de los votos y es alta su moral de combate.
Por otra parte, la exigencia cruceña sobre el censo no moviliza en otros departamentos y no cuenta con apoyo popular.
El paro sí tiene capacidad de hacer daño a la economía regional y nacional por la importancia económica y comercial extraordinaria de Santa Cruz.
El censo es importante, entre otras razones, porque tiene que ver por ley con la asignación de recursos por el gobierno nacional y el número de representantes en la cámara de diputados, donde Santa Cruz podría subir en tres curules, aunque uno al menos sería para el MAS, segunda fuerza política en el departamento.
Pero no se entiende que el posponerlo, por razones técnicamente bien argumentadas, sea causa para crear un conflicto político nacional, con graves consecuencias económicas, en un momento en que la economía viene recuperándose bien de los efectos de la pandemia, de la derrochadora gestión económica de los golpistas y de la crisis internacional.
El gobierno de La Paz desde el primer momento fijó la postura de mantener el diálogo con el gobierno cruceño, pero no hizo más que iniciar la plática entre Maríanela Prada Tejada, ministra de la presidencia y Camacho, cuando este decidió levantarse de la mesa y abandonarlo, furioso porque no se accedía a sus exigencias.
El MAS convocó a un Gran Cabildo del Pueblo el 23 de octubre al que asistieron cientos de miles de habitantes de Santa Cruz, que rechazaron la medida de fuerza. Muchos de ellos, no solo discrepan políticamente de la medida sino que los afecta económicamente, como es el caso de los trabajadores de la economía informal y los productores agrícolas de la región.
