El sitio Animal Político reportó, con bases en los documentos castrenses filtrados, el nexo entre autoridades y grupos criminales.
Varios reportes de inteligencia, que forman parte de las filtraciones del grupo de “hackers” Guacamaya a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), refieren que elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional estarían involucrados con cárteles, brindando apoyo a las organizaciones criminales y coludiéndose en el tráfico de drogas, de personas y en la venta ilegal de hidrocarburos.
El sitio Animal Político reportó, con bases en los documentos castrenses filtrados, que el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) identificó que cuatro agentes de la Guardia Nacional tendrían vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para permitir el tráfico de migrantes en el estado de Veracruz.
De acuerdo con el reporte de agosto de 2022, los integrantes de la Guardia Nacional «proporcionan el libre tránsito a los traficantes de indocumentados previo a una clave que estos mencionan, como medida de identificación para estas autoridades».
Además, otro agente de la mencionada corporación proporciona seguridad en el lugar de extracción de ductos de hidrocarburo y escolta los vehículos con combustible robado.
En otro informe de agosto del 2022 se menciona que una persona dedicada al robo de combustible dentro de la red de ductos situada entre el Estado de México e Hidalgo habría declarado que tiene contacto con los comandantes del 96 Batallón de Infantería de la ciudad de Pachuca (Hidalgo), y de la 23 Zona Militar del municipio de Panotla, en el estado de Tlaxcala.
El criminal tendría previsto dar un regalo de 50 mil pesos (unos 2 mil 500 dólares) a cada uno de los comandantes castrenses para que le permitiesen continuar con la extracción ilegal de hidrocarburos. También se afirma que otra persona dedicada al robo de combustible coincidió en reuniones de trabajo sobre la seguridad de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En agosto de 2020, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) identificó a un integrante del Cártel de Sinaloa que aseguró que había pactado en Sonora el monto de una coima a la semana de 20 mil pesos (mil dólares) para policías municipales; de 25 mil pesos para agentes estatales (mil 250 dólares); y de 60 mil pesos (3 mil dólares).
Estos sobornos se entregarían a «un presunto mando militar con la finalidad de implementar operativos» en la ciudad de Caborca contra un grupo criminal identificado como Los Páez, y de esta manera participar en la «limpia» de la ciudad.
En tanto, el criminal acordó pagar, cada 15 días, unos 40 mil pesos (2 mil dólares) a integrantes de la Guardia Nacional.
Los Páez también pagarían a dos mandos del Ejército en Caborca y Plutarco Elías Calles para ayudarles a desplazar del territorio a un grupo criminal rival, de acuerdo con otro reporte que el CNI envió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en octubre de 2020.
La Secretaría de Marina también identificó a un agente de la Policía Militar de Sinaloa que era el contacto para la venta de armas al cártel de La Familia Michoacana.
En 2021, la Secretaría de Marina advirtió que el teléfono de un militar posiblemente estaría vinculado con un cabecilla de la Familia Michoacana, mientras que otro celular utilizado por un agente de la Guardia Nacional estaría coludido con el «trasiego de droga» y con «alguna organización delictiva».
Un expiloto de la Fuerza Aérea Mexicana transportó «un cargamento de droga» en una aeronave en un viaje de Veracruz a Campeche para el Cártel Jalisco Nueva Generación, refiere otro informe del CNI del 2020, citado por Animal Político.
