La prisión preventiva oficiosa incrementó el número de población penitenciaria en México, sin que redujeran los delitos a los que se les aplica esta medida judicial desde que se implementó hace tres años en el país, reveló un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
“Aunque en los últimos dos años ha crecido el número de personas encarceladas en México, no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa sea una medida efectiva para disminuir la incidencia delictiva”, se lee en el documento elaborado por el organismo dependiente de la Cámara de Senadores.
Además, el estudio indica que la prisión preventiva oficiosa, que se utiliza para retener a presuntos infractores de delitos graves como el peculado, la delincuencia organizada, homicidio, feminicidio, violación, secuestro, entre otros, también viola derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Esto, de acuerdo con los criterios más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de México.
El estudio “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles, también sostiene que “lejos de disminuir (los delitos graves), aumentaron en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al país”.
De acuerdo con el reporte del BID, entre 2020 y 2021 aumentó el número de personas presas por delitos relacionadas a esta medida judicial. Sin embargo, aclara, “esto no impidió que algunos de estos delitos siguieran aumentando”.
El documento detalla que tan solo en casos como feminicidios, estos aumentaron un 3,2 %; el abuso sexual un 23 %; la desaparición forzada un 13 %, y los delitos electorales lo hicieron en un 557 % (debido al proceso electoral de 2021, el más grande de la historia mexicana).
En contraste, el análisis del IBD apunta que otros delitos han disminuido sin que se les aplique la prisión automática, como el robo de vehículos, el cual entre diciembre de 2018 y agosto de 2022 disminuyó un 40,4 %.
Según el documento, los datos apuntan que, además de las penas privativas de la libertad, existen otros factores que repercuten en la incidencia delictiva y, por tanto, diversas alternativas de intervención pública que deben ser exploradas para disuadir y erradicar las conductas criminales que amenazan la tranquilidad de las personas.
En México se debate su eliminación como medida judicial por la SCJN, mientras que la polémica ha escalado a recomendaciones de eliminarla por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
Dentro de los argumentos, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha considerado que será “una chinada” (algo engañoso) que se elimine esta medida cautelar y dijo que quienes deben de legislar la actuación del Poder Judicial mexicano es el Congreso mexicano.
Según datos de la organización México Evalúa, el número de personas en prisiones mexicanas por esta medida preventiva aumentó un 27 % desde febrero de 2021, a pesar de la implementación de una Ley de Amnistía en el país latinoamericano.
Con información de EFE
