La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo decente como “un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y (buen) trato para todos, mujeres y hombres”.
En nuestro país, 34.9 millones de personas ocupadas carecen de trabajo decente.
El trabajo decente o digno es un concepto que va más allá de la moralidad de la actividad, se trata de una ocupación con condiciones laborales adecuadas, que respeta los derechos fundamentales y permite el desarrollo personal. En México el 60% de la fuerza laboral no conoce este concepto porque carece al menos de uno de estos pilares.
Cada 7 de octubre se conmemora el Día Mundial por el Trabajo Decente, una jornada destinada a la promoción de este derecho. El concepto fue lanzado en 1999 por Juan Somavía, entonces director general de la OIT, y se refiere a la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
Una persona tiene un trabajo digno cuando cuenta con todos los pilares; la ausencia de uno sólo implica no contar con trabajo decente. «Empieza con una remuneración justa. Pero puedes cobrar bien y sufrir de discriminación, eso ya no es un trabajo digno. Es un combo, si no tiene todo, no es un trabajo decente», subraya Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la oficina de la OIT para México y Cuba.
En nuestro país, al menos 34.9 millones de personas ocupadas no cuenta con acceso a una institución de salud; es decir 6 de cada 10 trabajadores están en esta condición, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
“En México hay muchas variables que afectan, podríamos partir de lo más simple, que es la informalidad, y llegar a temas más específicos, como que no todos los empleos garantizan un trabajo digno. Tenemos que hablar también de la falta de acceso a una institución de salud, a vacaciones pagadas, a un aguinaldo, de la jornada laboral y las remuneraciones de las personas. Hay diferentes cifras que podemos identificar”, señala Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabiliza a 13.3 millones de asalariados que no tienen acceso a prestaciones de ley, este grupo representa al 34% de las personas que trabajan en esta condición.
“En México, los derechos laborales se violan y eso explica la cantidad de personas en pobreza y la permanencia de esa condición. La causa de esta situación es la falta de mecanismos de defensa porque 18 millones 640 mil personas, más de la mitad de los trabajadores asalariados, carecen de contratos estables (52%) y la inmensa mayoría 31 millones 230 mil personas, carecen de organización sindical para la negociación y defensa colectiva de sus derechos (87%)”, indica la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Pero la deuda del trabajo digno en nuestro país también se visibiliza por las condiciones en las que trabajan las personas. El 27% de la población ocupada tiene una jornada laboral por semana superior a las 48 horas, más del límite legal establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
En eso coincide Furtado de Oliveira, «un trabajo decente genera mayor productividad, no es un gasto, es un beneficio. Y está comprobado, tenemos estadísticas y estudios sobre la productividad de las personas que tienen un trabajo digno. No hay ausentismo, están cumpliendo, tienen la camiseta bien puesta porque va de la mano. Tener trabajo decente es generar más productividad, más ganancia y más empleo».
A través de su programa sectorial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoce que el trabajo decente en nuestro país “enfrenta desafíos enormes y retos de gran calado” para que la mayoría de la fuerza laboral cuente con ello. Esto se debe en buena medida al “déficit de justicia social y laboral que las políticas públicas desarrolladas en las últimas décadas han generado”, señala la dependencia.
Con información de El Economista
