Por Leticia Montagner
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón, de la Universidad Iberoamericana Puebla, manifestaron su rechazo ante el anuncio del decreto presidencial para que la Guardia Nacional (GN), pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Mediante un comunicado, dichos organismos advirtieron que la intención del acuerdo anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, atenta contra la vigencia de los derechos humanos en México al violar el orden constitucional y convencional e invadir las facultades del Congreso de la Unión.
La propuesta de un decreto presidencial e incluso de una iniciativa de reforma constitucional para tal efecto, evidencia el incumplimiento del Estado Mexicano con sus obligaciones internacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado como regla general, que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
En el documento, recuerdan que la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional estableció el plazo de cinco años para la salida de las fuerzas armadas de estas labores al ser una actividad extraordinaria y subordinada al mando civil; por ello el texto constitucional, en su Artículo 21, enfatizó que la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional.
Por lo tanto, los organismos instaron al Ejecutivo Federal a apostar por la revisión y el rediseño de la estrategia de seguridad de carácter integral desde un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana, así como trazar una ruta para el retiro de las fuerzas armadas de estas funciones, garantizando la participación de las víctimas y de sociedad civil en su construcción.
El pasado 8 de agosto, el Presidente expresó su intención de incorporar las funciones de la GN a la SEDENA,buscando omitir la participación Poder Legislativo en aprobación de la iniciativa de la reforma para dicha integración.
La propuesta incluso va en contra de lo establecido en el decreto oficial de la creación de la Guardia Nacional,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio del 2019, donde se afirma en el artículo 4 que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad.
Asimismo, instaron al Ejecutivo federal a apostar por la revisión de la estrategia de seguridad de carácter integraldesde un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana y trazar una ruta para el retiro de las fuerzas armadas de estas funciones, garantizando la participación de las víctimas y de sociedad civil en su construcción.
Precisó finalmente el comunicado que dicha iniciativa atenta en contra de la vigencia de los derechos humanos en México.
leticia_montagner@hotmail.com
