López Obrador ha decidido endurecer el cobro de impuestos a los trabajadores y ha apretado más su política de austeridad republicana hasta alcanzar el nivel de “pobreza franciscana”.
Luis Antonio Rodríguez
Se ha dicho atinadamente que el crecimiento económico de un país, es decir, el aumento de la cantidad de sus bienes y servicios, no necesariamente se traduce en desarrollo social, o sea en una elevación del nivel de vida de la mayoría o en una distribución más equitativa de la riqueza. Sin embargo, lo que tampoco está fuera de duda es que para alcanzar el desarrollo social es fundamental tener crecimiento económico, ya que aunque puede hacerse una distribución menos desigual de la riqueza y sostener esa tendencia, es necesario crear más riqueza. Dicho de otro modo: no puede repartirse lo que no existe.
En los últimos sexenios, la economía mexicana ha crecido muy poco: en el de Vicente Fox Quesada, el promedio anual fue de 2.3 por ciento; con Felipe Calderón Hinojosa el 2.2; con Enrique Peña Nieto el 2.1 y en los cuatro años de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la situación, en lugar de mejorar, ha empeorado pues, en promedio, la economía mexicana ha descendido anualmente 0.4 por ciento. Es cierto que la pandemia de Covid-19 y las dificultades que ésta generó han tenido un papel significativo, pero no hay que olvidar que la tarea del gobierno es cuidar la salud de la población y garantizar el mejoramiento de su nivel de vida. En ambos rubros, el gobierno de AMLO sale reprobado.
Esta mala calificación se debe a que no ha contribuido a que la economía crezca, condición indispensable para generar riqueza y posibilitar el desarrollo social. Pero éste no es el único problema, ya que desde que era candidato, el ahora Presidente proclamó: “por el bien de todos, primero los pobres”, compromiso que pretende cumplir mediante programas sociales con entrega de dinero en efectivo a grupos vulnerables (las llamadas transferencias monetarias directas), cuyos resultados no han sido suficientes para combatir la pobreza. En este año, el gobierno gastará más de 445 mil millones de pesos (mdp) en estos programas, monto que ha aumentado considerablemente en lo que va de la administración.
Las cifras evidencian el mal resultado de esta política social. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2018 a 2020, el número de pobres creció en 3.8 millones de personas hasta 55.7 millones de personas; y la pobreza extrema creció en 2.1 millones para sumar 10.8 millones. Es decir, las transferencias monetarias directas no han contrarrestado la pobreza y han generado más corrupción porque, según la doctora Viridiana Ríos, de Oxfam-México, los programas sociales han resultado ser una manera efectiva para desviar recursos públicos y, agrego yo, para crear la base política-clientelar del Presidente.
Es obvio que los resultados negativos no modificarán esta política, porque los programas sociales le permiten mantener su alta aprobación ciudadana. Sin embargo, para seguir adelante con ellos y sacar a flote megaobras como el Tren Maya, la actual administración federal necesita dinero que cada vez le resulta más difícil obtener, debido a las dificultades de la economía mexicana y porque no quiere aplicar una reforma fiscal progresiva por no tocar los intereses de los empresarios, que pagarían más impuestos. Por ello, ahora busca estos recursos fiscales Lóp
En síntesis: en México no hay crecimiento económico ni desarrollo social ni un gobierno con una idea clara de cómo sacar al país del atolladero. La solución a estos males no pasa por AMLO ni por su mal llamada “Cuarta Transformación”.
