Homero Aguirre Enríquez
Las innumerables tragedias ocurridas en las minas de México son un macabro indicador de la explotación e indefensión a las que pueden llegar los seres humanos en un sistema económico que busca por encima de todo la ganancia privada y no el bienestar general y el respeto a la vida de los trabajadores creadores de la riqueza, particularmente de los que laboran en la minería, trabajo declarado por la Organización Internacional del Trabajo como el más peligroso del mundo.
“No se puede contemplar a esos infelices» (en las minas de oro entre Egipto, Etiopía y Arabia), «que ni siquiera pueden asear sus cuerpos o cubrir su desnudez, sin dolerse de su trágico destino. Pues allí no tiene cabida ninguna indulgencia ni miramiento por los enfermos, los enclenques, los ancianos, por la endeblez femenil. Obligados a golpes, todos deben continuar trabajando hasta que la muerte pone término a sus tormentos y su miseria”. Ojalá pudiéramos decir que estas palabras, escritas hace más de veinte siglos por el historiador romano Diodoro Sículo (y citadas por Carlos Marx en El Capital) corresponden a una etapa de abuso laboral que la humanidad ha dejado atrás total y definitivamente, como cuando se despierta con alivio después de una horrorosa pesadilla; pero muchas cosas ahí descritas, como la insalubridad, el exceso de trabajo, los accidentes, la muerte, la falta de compasión de los patrones hacia los trabajadores y la complicidad del Estado para explotar a los trabajadores sigue siendo una actualidad en las minas de México y de otras partes del planeta.
Es enorme el número de viudas y huérfanos en el desamparo como resultado de la muerte de miles de trabajadores mineros en México tan solo en la extracción de carbón: “Van 300 accidentes y 3 mil muertos en minas de carbón; es un siglo de omisiones oficiales y tragedias, reclaman activistas. La organización Familia Pasta de Conchos advierte que el Estado no ha implementado protocolos y medidas de no repetición para garantizar que accidentes como el de este miércoles, en Coahuila, dejen de ocurrir” (Animal Político).
Aunque el presidente de la República es muy aficionado a responder ante cualquier problema o tragedia responsabilidad de su Gobierno diciendo que es culpa de “los de antes” y que “los de ahora no son iguales”, en el desamparo de los mineros están involucrados hasta el codo algunos personajes principales de la 4T, que han conocido desde hace mucho lo que ocurre en las minas pero se han lavado las manos y han vuelto la mirada hacia otro lado cuando se les presentaba esa horrible realidad, y ahora, con el poder federal en sus manos y también con el control sindical de esa rama industrial, se han vuelto abiertamente cómplices de quienes tratan a los trabajadores mineros como esclavos de principios de nuestra era.
“La expresión carbón rojo se utiliza en la región carbonífera de Coahuila para designar la extracción de carbón mineral en minas en las que los empresarios no invierten en seguridad, para reducir sus costos de extracción al mínimo y, por ende, aumentar sus ganancias al máximo”, se lee en el estudio “El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio”, publicado en 2018 por la Organización Familia Pasta de Conchos. Ahí vemos que uno de los que sabe mucho sobre el “carbón rojo” es el actual senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien es también dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, responsable por lo tanto de la defensa de los trabajadores mineros.
“Al igual que su padre, Napoleón Gómez Urrutia permitió e hizo de la extracción de carbón rojo un gran negocio, no asumió ninguna responsabilidad por la vida, la salud y la muerte de los mineros, que ocurría sin condiciones de seguridad, sin registro en el IMSS, sin representación sindical”, dice el estudio arriba citado. Y no es que el Sindicato y su líder Gómez Urrutia ignoraran las condiciones de inseguridad que padecen los mineros. “Cada año el Sindicato emplazaba a huelga a Grupo México, por violaciones graves a la seguridad que ponían en riesgo la vida de los trabajadores. Pero en la historia de esta mina, esas huelgas nunca estallaron. Solo permaneció la inseguridad. Estas huelgas por condiciones peligrosas para la vida no se concretaron, pero tampoco mejoró la seguridad: los emplazamientos se desistían con convenios”, explica el detallado estudio.
Eso ocurría antes de la llegada de Morena al poder y los chairos pueden decir que era porque no los dejaban avanzar y les resultaba imposible garantizarles mejores condiciones de vida a los mineros; pero ahora, con todo el poder en sus manos, ¿qué les ha impedido evitar las tragedias mineras y obligar a un mejoramiento sustancial de las condiciones de trabajo en las minas?
Es evidente que los mineros, particularmente los que extraen carbón, se encuentran entre los pobres más pobres del país, con salarios de hambre, jornadas agotadoras y cero condiciones de seguridad para descender decenas de metros en esos tenebrosos agujeros perforados en el suelo y que después de 60 metros o más de profundidad se conectan con galerias horizontales de túneles por donde se arrastran los trabajadores siguiendo la veta, todo sin estudios geohidrológicos que adviertan de la presencia de agua, gas o del inminente derrumbe por el debilitamiento de las paredes.
Es evidente también que para resolver estos y otros graves problemas se deben vencer resistencias poderosas para respaldar a los trabajadores, lo que quiere decir que es aquí donde se debe medir realmente el carácter transformador y revolucionario de cualquier gobierno que se ostenta como de izquierda, de lo que se desprende que el gobierno de Morena sólo está a favor de los pobres de manera declarativa, superficial, sin emprender una política verdadera de liberación de las condiciones opresivas y mortales que padecen los trabajadores, no sólo los mineros sino todos los que ganan muy poco, pero trabajan mucho y mueren prematuramente.
En vez de una política a favor de los trabajadores, lo que asoma con descaro es una sólida alianza del gobierno de Morena con poderosos empresarios que explotan las minas de carbón, como Armando Guadiana, mejor conocido como “el rey del carbón”, quien es también senador por Morena y aspirante a gobernador de Coahuila. Pero las cosas no se han quedado ahí: por razones de complicidad con grupos de poder que son fáciles de adivinar, el Gobierno de México se ha negado a ratificar el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, propuesto por la OIT desde 1995 y firmado por muchos países, el cual obliga a los patrones a garantizar altos niveles de seguridad mediante equipamientos modernos en las minas y a construir dos vías de escape, entre otras medidas; así como obliga a las autoridades a garantizar vigilancia y evaluación periódica de los riesgos a los que se expongan los trabajadores a fin de evitar tragedias, nada de lo cual se hace actualmente en las minas de carbón de México. ¿Alguien ve aquí aquello de “primero los pobres”? Solo la organización y la lucha de los obreros hará que mejore su suerte.
