La pregunta que debería plantearse a las masas populares de México no es si quieren o no los programas de bienestar, sino si realmente están satisfechos con su situación actual, porque su situación no puede mejorar.
Jesús Lara Jáuregui
La mayoría de los mexicanos coincide en que gran parte de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el éxito electoral de su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se deben a las transferencias monetarias directas de sus programas sociales, que en este sexenio reciben nombres de becas o pensiones del bienestar. Pero mientras sus adeptos las conciben como prueba irrefutable de que la consigna “primero los pobres”se convirtió en un hecho, los opositores argumentan que por su diseño y aplicación son opacos y discrecionales porque configuran un sistema de control político-electoral que supera considerablemente al que antes habían desarrollado los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Pero hay un hecho que no puede soslayarse: las transferencias monetarias del gobierno de AMLO alcanzaron, muy pronto, el límite de sus posibilidades para aliviar la pobreza; y que, por tanto, carecen de capacidad necesaria para aumentar el nivel de vida de sus beneficiarios, quienes ahora quizás empiecen a preguntarse el porqué de esta situación.
Intentemos dar una explicación a este problema. En primer lugar, es importante entender que, en abstracto y apegándonos estrictamente a las definiciones estándar de la pobreza, las transferencias monetarias sí pueden sacar a la gente pobre por ingresos y en pobreza extrema. Para ilustrar esto tomemos a una familia mexicana integrada por cuatro miembros que vive en una zona urbana y que pertenece al tercer decil más pobre, es decir, que su ingreso mensual es de siete mil pesos y asumamos que no cuenta con apoyo gubernamental.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una persona en pobreza extrema sobrevive con solo dos mil 11 pesos 99 centavos; y que una familia de cuatro miembros en tal situación necesitaría un ingreso mensual de ocho mil 47 pesos 96 centavos para comprar la canasta alimentaria. Si este hogar se beneficiara de las becas y pensiones de bienestar con un monto mensual de dos mil pesos para cada uno de sus integrantes, el ingreso familiar sería de nueve mil pesos; ya no sería considerada en situación de pobreza extrema, las estadísticas oficiales lo notarían y el gobierno morenista lo presumiría en sus informes.
Pero, ¿qué tanto puede sentirse satisfecha una familia en tal situación con esos dos mil pesos adicionales por persona? Para aproximarnos a una respuesta pasemos ahora a la pobreza por ingresos, que a diferencia de la extrema, evalúa la capacidad de un hogar para comprar otros bienes y servicios además de los alimentos. Estando por encima de este umbral, implicaría que, con sus ingresos, la familia puede adquirir una canasta básica completa y que, por tanto, tiene un nivel de vida relativamente aceptable.
El mes pasado, el ingreso mensual por persona era de cuatro mil 65 pesos, y el ingreso de una familia de cuatro miembros debería ser superior a 16 mil 260 pesos para ya no ser pobre por ingresos. En este caso, las transferencias monetarias del Gobierno Federal deberían ser de nueve mil 260 pesos, siete mil 260 pesos más que la actual. Cuando esta diferencia se multiplica por el número de familias en situación similar, peor o mejor, se llega a la conclusión de que la cantidad de dinero necesaria para mejorar, en serio, el nivel de vida de los mexicanos solo por medio de becas y pensiones, está fuera del alcance del gobierno actual.
¿Puede el gobierno conseguir esos recursos de alguna forma? Sí, desde luego, pero necesitaría o bien mayor crecimiento económico, que tendría como resultado mayor recaudación de impuestos, o una reforma fiscal proyectada al mismo objetivo que implicaría necesariamente aumentar las tasas fiscales a las grandes fortunas del país.
México ha estado en estancamiento o recesión desde que se inició el gobierno morenista, debido a su política económica errática de clara continuidad neoliberal y un entorno internacional desfavorable. La reforma fiscal fue descartada por AMLO desde el inicio de su administración, anulando con eso el potencial redistributivo de las transferencias monetarias.
El mayor problema de esta política social no se encuentra en la inutilidad de los apoyos sociales para mejorar el nivel de vida de las masas pobres, sino en la insuficiencia de los recursos financieros del gobierno para cubrir su monto. Por ello, la pregunta que debería plantearse a las masas populares de México no es si quieren o no los programas de bienestar, sino si realmente están satisfechos con su situación actual, porque su situación no puede mejorar.
Si la respuesta es negativa, entonces el camino se vuelve más claro: el pueblo debe organizarse y luchar por cambiar el modelo económico por uno que genere crecimiento y distribuya sus frutos entre todos los mexicanos.
