Las acciones y declaraciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta evidencian su complicidad en el conflicto postelectoral en el municipio de Coyomeapan, el cual estalló el seis de junio y ha provocado la muerte de tres personas.
Antonio Escamilla
Las acciones y declaraciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta evidencian su complicidad en el conflicto postelectoral en el municipio de Coyomeapan, el cual estalló el seis de junio y ha provocado la muerte de tres personas, varios heridos, cuatro presos políticos y 39 órdenes de aprehensión por la rebelión pacífica del grupo Unidad por Coyomeapan contra el cacicazgo de la familia Celestino Rosas.
En la elección municipal del año pasado, esta familia pretendió quedarse un trienio más en la alcaldía de Coyomepan, Puebla, en la que ya había permanecido durante 12 años con la protección de gobernadores, aliados caciquiles y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En 2018, en “franca oposición” al actual mandatario poblano, David Celestino Rosas fue cobijado por el morenovallismo enquistado en el Partido Acción Nacional (PAN) y tomó partido por Martha Érika Alonso, enemiga acérrima de Morena y el PT. Después del accidente mortal en el que perdieron la vida ésta y Rafael Moreno Valle, los Celestino apoyaron resueltamente a Barbosa Huerta y se volcaron hacia Morena.
Para premiarlos por este cambio de partido, el ganador del gobierno estatal en 2019 favoreció a Araceli Celestinoprimero con la dirección de la oficina de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Ajalpan y posteriormente con la diputación federal del distrito 15 con sede en Tehuacán; en tanto que, a su esposo, Rodolfo García López, lo impuso como presidente municipal de Coyomeapan mediante la compra de votos, amenazas y engaños a la población.
Los hermanos Celestino han sido denunciados por inventar delitos contra sus oponentes, proteger a criminales y tener a su servicio a un grupo de sicarios expertos en acciones de cooptación política mediante el uso de la intimidación violenta.
El resultado de los 12 años de este cacicazgo en Coyomeapan se reflejó en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el que se revela que el 93.9 por ciento de sus 14 mil 916 habitantes vivía en situación de pobreza; el 50.3 por ciento en pobreza extrema; las viviendas de 11 mil 995 carecían de servicios básicos; 12 mil 807 no tenían acceso a servicios médicos y seis mil 262 infantes se hallaban en rezago educativo.
Los pobladores denuncian que esta familia caciquil se ha enriquecido con los puestos públicos y se ha apoderado de los recursos naturales de Coyomeapan.
Férrea defensa de Barbosa al cacicazgo
El 21 de junio de 2021, en rueda de prensa en Tehuacán, el presidente municipal electo Rodolfo García López, esposo de Araceli Celestino Rosas, afirmó que el conflicto en Coyomeapan era provocado por Antorcha Campesina y la acusó de ser “…una organización nefasta… mi equipo ha recibido amenazas, han sido golpeados (sic), ha habido denuncias puestas ante la autoridad contra integrantes de Antorcha y algunos líderes de la comunidad…Mi gestión iniciará en octubre de este año…”.
–¿Ya tendría que haber detenciones para ese momento?, le preguntó una periodista.
–Me imagino que sí, respondió Rodolfo, quien en ningún momento mencionó algún acto ilegal cometido por miembros de Antorcha Campesina que pudiera respaldar sus acusaciones.
El 1° de septiembre de 2021, después de una reunión convocada por el gobierno del estado y realizada en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Ajalpan, fueron detenidos por la policía ministerial Basilisa Montaño Gutiérrez, Anastasio Sanginez, y Eruviel Aguilar Gómez. Días después, el cinco de septiembre, fue detenido en Tehuacán Gonzalo Martínez Herrera, todos integrantes de Unidad por Coyomeapan, agrupación que encabeza el movimiento de resistencia en contra del fraude electoral del seis de junio, cometido por el cacicazgo de los Celestino.
La “premonición” de Rodolfo se cumplía. ¿Obra de la casualidad o resultado del amasiato entre el cacicazgo de Coyomeapan y quienes fraguaron y ejecutaron las órdenes de aprehensión?
El 15 de octubre, el presidente electo rindió su protesta de ley, pero no en Coyomeapan, sino en el CIS de Ajalpan,porque el movimiento de resistencia y la inconformidad ciudadana, lejos de debilitarse con las detenciones, creció más y no le fue posible rendir su protesta en aquel municipio.
Más tarde, el 18 de octubre de 2021, según el portal Noticias Tehuacán, “la tensa situación que se vive en este municipio (Coyomeapan, desde luego), puede derivar en una violencia que llegue hasta muertes (sic), reconoció Rodolfo García López”.
Y seis meses después, el nueve de mayo de este año, a las 18:10 horas, un grupo de indígenas de la Unidad por Coyomeapan que regresaba de una reunión en la comunidad de Ixtaxochitla, fue emboscado y acribillado por elementos de la policía estatal en el paraje de Cobatscalco, en los límites entre Zoquitlán y Coyomeapan.
Los uniformados hicieron uso de la fuerza y abrieron fuego contra los vecinos, dando como resultado el asesinato de Teófilo Barrera Arellano, Marcelo Carrera Reyes y Omar Herrera, de 15 años, dejando además siete heridos, entre ellos el profesor Lauro Gil Argüelles, presidente del comité de la Unidad por Coyomeapan. Otra “premonición” de Rodolfo García López hecha realidad.
Defendiendo lo indefendible
Como parte del plan caciquil de conservar el poder político a costa de lo que sea para seguirse aprovechando del erario municipal y los recursos naturales de la región, Araceli Celestino Rosas –actual diputada federal por el PT y Morena en el distrito 15 y aspirante a alcaldesa del segundo municipio más importante de Puebla– está contratando espacios en varios medios de comunicación locales a fin de tender una cortina de humo para defender a su esposo. Sabedora de la animadversión que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gobernador Barbosa Huerta tienen hacia el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), la diputada acusa a esta organización de encabezar o “estar detrás” de los ciudadanos que repudian el fraude electoral y el cacicazgo de su familia, con la clara intención de atraer la furia de éstos a fin de que acentúen los actos de represión contra los “antorchos” mediante el encarcelamiento de sus principales líderes municipales o regionales.
El pasado 21 de junio, Rodolfo García acusó en una rueda de prensa a Edith Villa Trujillo y a Lisandro Campos Córdova de estar físicamente en Coyomeapan instigando a los ciudadanos a realizar actos ilegales. Además, cuantas veces ha podido, ha acusado a los antorchistas de delincuentes a fin de preparar a la opinión pública para que acepte y aplauda la represión física y “judicial” contra el MAN en Puebla.
En respuesta, Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente estatal de la organización, rechazó reiteradamente tales acusaciones y a principios de junio reconoció que el MAN considera que la lucha contra el cacicazgo de los Celestino en Coyomeapan es necesaria.
“Para que los indígenas triunfen es urgente la unión de su movimiento con fuerzas políticas progresistas en el estado que los apoyen en la batalla contra los caciques y el gobierno estatal en Puebla. Los antorchistas seremos solidarios con los indígenas de Coyomeapan para impedir que a su movimiento lo aplaste el gobierno de Miguel Barbosa si así lo pidieran”.
Barbosa Huerta, quien se ha autodenominado experto en seguridad, siempre ha minimizado lo ocurrido en Coyomeapan, ha protegido y alentado al cacicazgo de los Celestino y reprimido abierta y brutalmente la resistencia indígena de Coyomeapan.
El 21 de septiembre en Tehuacán, cuando ya se hallaban presos cuatro indígenas por razones políticas, el mandatario estatal trató de justificar con mentiras esta acción inconstitucional ante los medios de comunicación: “todos vieron cómo tomaron la presidencia, incendiaron la presidencia, incendiaron material electoral, secuestraron personas, golpearon personas, retuvieron autoridades”.
Cuando una periodista lo cuestionó acerca de la recuperación de los inmuebles y otros edificios públicos en Coyomeapan, Barbosa respondió: “vean nada más, acabas de dar en el blanco, ¿cómo los vamos a encontrar?… los vamos a recuperar todo ¿eh?, todo”. Y sin un mínimo de congruencia, sin venir a cuento, sin que nadie le preguntara sobre el particular, espetó: “sí, Antorcha Campesina está ahí metiendo mano, Antorcha Campesina es una organización delincuente, se dedica a eso, delincuente, eso es Antorcha Campesina”. Sí, así lo dijo, pero sin aportar ninguna prueba.
Después de la masacre de indígenas de la Unidad por Coyomeapan del nueve de mayo a manos de la policía estatal, el gobierno afirmó que se trató de un enfrentamiento contra un grupo armado de delincuentes y negó que hubiera muertos. Más tarde, ante la presión social de ciudadanos y medios de comunicación que no creyeron la versión oficial, reconoció los muertos y ordenó la detención de los policías involucrados… pero no la de quien ordenó la masacre.
La fracción III del Artículo 16 del capítulo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, dice: “Son atribuciones del Titular del Ejecutivo, en materia de seguridad pública…Ejercer el mando del Cuerpo de Seguridad Pública Estatal, por sí o a través del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado…”.
¿Quién entonces pudo haber ordenado la masacre? ¿O el experto en seguridad ya perdió el control del estado?
Los pobladores de Coyomeapan demandan la liberación de los cuatro presos políticos, el cese de las órdenes de aprehensión, el castigo ejemplar a los autores materiales e intelectuales de la masacre del nueve de mayo, la indemnización del gobierno a las familias de los asesinados y heridos, instalación de un concejo municipal que libre a Coyomeapan del cacicazgo de la familia Celestino y que se detenga la represión del gobierno del estado.
