Luis Fernando Soto
Las marchas del Orgullo perdieron su carácter ciudadano para convertirse en escenario de promoción para gobernantes, empresas y liderazgos LGBTIQ ligados a partidos políticos, que premian su disposición con candidaturas o cargos en la administración pública.
Este 2022, tras dos años de encierro, las movilizaciones por el respeto a la diversidad sexual lograron cifras récord de asistencia: En Puebla, 25 mil personas marcharon desde el Parque Juárez al Zócalo de la ciudad, ruta inaugurada en 2001 por la asociación Vida Plena con apenas 30 personas.
El pasado fin de semana, la Ciudad de México observó a 250 mil personas marchando del Ángel de la Independencia al Zócalo, en la movilización LGBTIQ número 44, desde aquel contingente de homosexuales revolucionarios que se unieron al décimo aniversario de la matanza del 2 de octubre.
Muchos han sido los avances en el respeto a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales y personas queer. Entre los más destacados, la atención médica a pacientes con VIH/SIDA y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Dicha mejoría en las condiciones son producto de la incidencia política de distintas organizaciones civiles, no gubernamentales, cuyos integrantes lograron profesionalizar su trabajo en los últimos 20 años, al grado de apoyar a secretarías de Estado en la elaboración de políticas de salud pública, por ejemplo.
La inclusión se ha convertido en un punto de obligado cumplimiento en la agenda electoral de partidos políticos y la administración pública, porque las personas LGBTIQ representan votos y dinero.
El pasado 19 de junio, durante el corte del listón inaugural de la Marcha del Orgullo en Puebla, fue notoria la presencia de José Fredy Rodríguez Guzmán, diputado suplente de Alejandro Carvajal en el sexto distrito electoral federal y líder del Barzón, junto a personajes que se autonombraron representantes estatales de las poblaciones LGBTIQ.
La marcha ¿fue auspiciada por el diputado federal morenista y su suplente? ¿Se utilizaron recursos públicos en la renta de carros alegóricos y el escenario montado en el Zócalo de la ciudad?
Las 25 mil personas que marcharon en Puebla no respondieron a una convocatoria de Morena o del legislador en cuestión, sino a una necesidad por romper con el estigma y la marginación. Las personas LBGTIQ experimentan una catarsis, una liberación que se materializa en destape, colores y celebración.
¡Nada de eso sienten las políticas y los políticos heteronormados y patriarcales que aprovechan la foto para mostrar su poder de convocatoria y vender la Marcha del Orgullo como su capital político!
El oportunismo, un comportamiento aceptado en el sistema político mexicano, infectó a los liderazgos LGBTIQ, que ahora utilizan las técnicas de violencia machista, como la amenaza y la confrontación, para inhibir la participación de organizaciones disidentes que les restan brillo ante sus posibles empleadores: Gobiernos y partidos.
En esa trampa cayeron muchos ayuntamientos del estado de Puebla que compraron ese falso liderazgo para la organización de marchas en sus municipios, donde realizaron actos públicos, culturales y ceremonias ¡pero sin personas LGBTIQ!
La cereza del oportunismo se degustó en la Ciudad de México, donde 250 mil personas tuvieron que esperar durante dos horas a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, invitada por los organizadores.
Las imágenes de infancias y personas discapacitadas en riesgo de ser aplastadas por una masa insolada y sedienta, con la ausencia de Protección Civil y Seguridad Pública, fueron suficientes para que la aspirante presidencial recibiera rechiflas que los medios de comunicación apenas pudieron ocultar.
Como todos los sectores marginados de la sociedad mexicana, las poblaciones LGBTIQ son presa de la manipulación política, de prebendas y coacción. No obstante, cada vez más voces reclaman su poder de organización y rechazan intereses grupales que niegan el carácter revolucionario de su condición.
Los derechos alcanzados son frágiles, pueden revertirse. Ahí está el caso de Emmanuel y Alejandro, que consiguieron una suspensión definitiva contra el Juzgado Cuarto del Registro Civil en Puebla que se negó a casarlos porque viven con VIH. Tuvieron la valentía de denunciarlo, pero rodeados del reclamo de sus propios amigos gays que recriminaron su exposición pública. Aún queda mucho por hacer.
