Puebla, Puebla, La situación ambiental en Puebla, como en otras 14 entidades más se encuentran en una posición frágil, pues cuenta con reducidas capacidades institucionales para la protección a los ecosistemas.
En este sentido, el investigador de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Juan Antonio Le Clercq dio a conocer en su análisis “Números de la injusticia ambiental: la medición de la impunidad en México”, que las consecuencias naturales y humanas de la crisis ambiental global y el cambio climático no pueden ser afrontadas correctamente, debido a que la mayoría de las entidades del país cuentan con capacidades y recursos limitados.
Detalló que, el país en general presenta un determinado grado de impunidad ambiental que se puede catalogar como medio, sobre todo en los estados de Puebla, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Chiapas, Campeche y Baja California Sur.
“Se define impunidad ambiental, en un sentido amplio, para integrar la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente; el incumplimiento de objetivos de política ambiental y climática, así como la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas intergeneracionales”, destaca en su análisis el investigador de la universidad poblana.
El especialista dijo que, de manera general, en el país, existe un desempeño “mediocre” en materia ambiental y una capacidad institucional muy reducida para garantizar la protección medioambiental y el disfrute de un medio ambiente sano.
“Sin capacidades institucionales y recursos financieros no es posible implementar políticas que efectivamente protejan el medioambiente, mucho menos en un contexto donde las alteraciones a ciclos y procesos naturales señalan la irrupción del Antropoceno”, destaca el análisis.
El estudio agrega que, a la devastación de ecosistemas y el abuso en la extracción de recursos naturales, se añade una capa de complejidad como resultado de prácticas corporativas voraces, corrupción de autoridades y el involucramiento creciente de organizaciones criminales en el saqueo de recursos.
El investigador destaca que, si bien la impunidad ambiental tiene relación con actos ilegales o arbitrarios de la autoridad como la existencia de corrupción, la colusión con organizaciones criminales e intereses económicos o la falta de voluntad para aplicar las leyes ambientales, está también relacionada con la ausencia de las capacidades institucionales a nivel nacional y subnacional para implementar políticas o hacer cumplir las leyes.
Resalta que la tendencia en México a reducir el presupuesto en materia ambiental al menos desde 2012, paradójicamente el año en que se incorporan a la Constitución los derechos humanos a un medioambiente sano y al agua, imposibilita mantener, incrementar o desarrollar capacidades institucionales, organizacionales y humanas para evitar la destrucción de ecosistemas, garantizar el derecho al medioambiente sano o proteger a las víctimas del delito y daño ambiental.
