La diputada federal por el Distrito 4 de Ajalpan afirmó que las autoridades de Puebla están coludidas en la muerte de tres indígenas.
Ni el gobierno estatal ni el federal han atendido el conflicto social que se vive en Coyomeapan, derivado de la movilización política contra el cacicazgo de la familia Celestino Rosas en la Sierra Negra de Puebla.
De ahí, la necesidad de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie al respecto, tras la presentación del Punto de Acuerdo en el Senado para iniciar Juicio Político contra el gobernador Miguel Barbosa.
La diputada federal por el Distrito 4 de Ajalpan, Inés Parra Juárez, afirmó que las autoridades de Puebla están coludidas en la muerte de tres indígenas el pasado 9 de mayo, en una emboscada de policías estatales.
Por ello, la Fiscalía General de la República debe atraer el caso, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe integrar la documentación y dar seguimiento a la violación de las garantías individuales.
Inés Parra recordó que las únicas figuras que pueden dar órdenes a los elementos de la Policía Estatal son el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el secretario de Seguridad Publica, Daniel Iván Cruz Luna.
Por ello, señaló omisión por parte del mandatario estatal al anunciar la aprehensión de nueve policías estatales, dos semanas después del ataque, sin que hasta el momento se conozca el nombre de los autores intelectuales.
