Este jueves, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos, luego de ser acusado de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, en un hecho inédito en la historia hondureña.
Hernández fue entregado a integrantes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, a la que fue llevado desde una instalación policial en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
El avión bimotor, de hélice, matrícula N430JT y que trasladó a Hernández a EU, partió hacia las 14:18 horas. Minutos antes de su extradición, la esposa de Hernández, Ana García, difundió un mensaje del expresidente grabado en video, en el que expresó: “soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta”.
El expresidente (2014-2022), de 53 años, fue capturado en su residencia en Tegucigalpa el 15 de febrero, un día después de que Estados Unidos solicitó su “detención provisional” con fines de extradición, y desde ese día permaneció recluido en una unidad especial de la Policía Nacional.
El 16 de marzo un juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia ordenó la extradición de Hernández, quien también fue presidente del Parlamento hondureño (2010-2014).
El 8 de abril, la Sala Constitucional del Supremo ratificó la extradición de Hernández, que el pleno de la CSJ, compuesto por quince magistrados, había confirmado el 28 de marzo.
El primer cargo contra Juan Orlando Hernández que le imputa EU es “conspiración para importar una sustancia controlada” a ese país, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente” a territorio estadounidense, “a aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos”.
Además, se le acusa de “fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos”.
El segundo cargo, es por “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”.
El cargo tres se refiere a una “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”, según la acusación de Estados Unidos.
Las acciones de Estados Unidos para requerir a Hernández comenzaron el 27 de enero, el mismo día que el exgobernante concluía su segundo mandato de cuatro años en el poder y cuando fue sucedido por la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
