Luego de que el lunes el pleno del Supremo de su país ratificara la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado a Estados Unidos, este miércoles, el Ministerio Público de Honduras solicitó asegurar sus bienes.
Así lo informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, quien dijo que hoy “se recibió una petición en el Juzgado de Letras de Privación de Dominio por parte de los fiscales que están a cargo de este tipo de tareas del Ministerio Público“.
Agregó, sin precisar detalles, que la petición será analizada por el juez de Letras antes de que se emita una resolución.
Juan Orlando Hernández, de 53 años, fue capturado el 15 de febrero en su residencia en Tegucigalpa, luego de que un día antes Estados Unidos solicitara a Honduras su arresto preventivo con fines de extradición.
El 16 de marzo, un juez natural designado por el Supremo, autorizó la extradición del expresidente de Honduras, la que fue ratificada el pasado lunes por el pleno del poder Judicial, compuesto por quince magistrados.
Hernández Alvarado, quien ejerció el poder en Honduras durante ocho años, hasta el pasado 27 de enero, es el primer expresidente del país centroamericano en ser requerido en extradición por Estados Unidos para enjuiciarlo por narcotráfico.
Estados Unidos acusa a Hernández de tres cargos. El primero, por “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente”.
Además, se le acusa de “fabricar y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos”.
El segundo cargo, es por “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”.
Las armas y los dispositivos destructivos serían “en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que se le acusa en el cargo uno”.
El cargo tres se refiere a una “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos” según un informe que la embajada estadounidense le envió a la Cancillería hondureña el 14 de febrero.
Tras aprobarse su extradición, el expresidente de Honduras aseguró que es “inocente” y “víctima de una venganza y una conspiración. “Estoy seguro que Dios me hará justicia”, agregó en una carta pública.
