Karen Santos
“Era un lugar de distribución y venta de droga. […] Al parecer no son de Atlixco ni son poblanos. […] Fue una ejecución entre bandas, entre personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y otras muchas cosas”. Con estas palabras el goberandor de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, desestimó la masacre ocurrida la noche del 9 de marzo, en la colonia Francisco I. Madero, del pueblo mágico de Atlixco, en la que murieron un total de 10 personas, entre ellas, dos menores de edad, de 16 y 14 años.
Este fue el noveno multihomicidio en lo que va del año en el estado. Treinta y nueve personas han muerto en este tipo de actos violentos. De los nueve casos, solo en uno se tiene identificados a los homicidas; de los otros ocho, nada. Ni un detenido. En Puebla pueden matar a una decena y no hay castigo. Así las cosas.
Y, por si fuera poco, este tipo de crímenes se desestiman y el gobierno del estado, que encabeza Barbosa, no los ve como un problema de su gobierno, toda vez que varios de los hoy occisos no eran poblanos o “eran delincuentes”. Como si eso fuera justificación para el crimen del que fueron víctimas. Poco nos extraña viniendo del gobernador que se alegró cuando murió la exgobernadora Martha Érika Alonso, a días de tomar posesión, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. “Los castigó dios”, dijo en aquella ocasión.
Siendo, pues, este el pensamiento que despacha en Casa Aguayo, no es sorpresa que sus diputados serviles en el Congreso del Estado le hagan segunda. Al día siguiente de la masacre -que debiera preocupar y consternar a todos los poblanos, pero, con mayor razón a las autoridades, sean del nivel que sean-, el legislador de Morena, Roberto Solís Valles, ¡presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local!, aseguró que el gobierno del estado, que encabeza Miguel Barbosa no era responsable, y que toda la culpa era del Ayuntamiento de la también morenista Ariadna Ayala.
Es decir, que lo que pase en cualquier otro municipio, nada tiene que ver con el gobierno del estado. ¡Vaya forma de razonar! Es deber y obligación del estado el garantizar un clima de paz y seguridad para sus gobernados. En Puebla eso no pasa. Veamos unos datos:
El 8 de marzo, la organización Causa en Común, en su reporte “Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios”, con datos correspondientes a enero y febrero de 2022, registró que durante el primer bimestre del año en curso, el estado de Puebla registró 36 eventos violentos, y un saldo de 41 víctimas, colocándose en el puesto número 11 en este rubro a nivel nacional. A esto habría que sumarle este cruel multihomicidio que referimos líneas arriba. Tan solo en los dos primeros meses de este 2022, la Fiscalía General del Estado registró 143 homicidios dolosos.
Aún con estos datos, Miguel Barbosa se atreve a decir que “el gobierno de Puebla cuenta con la capacidad para contener y resolver la inseguridad”. Si eso fuera cierto, desde 2019, a su llegada, la inseguridad habría cesado o, por lo menos, disminuido, pero vemos lo contrario: matanzas, crímenes crueles, asaltos, robos. La delincuencia está desatada y el gobierno a ve desde lejos, sin atacarla realmente.
Hace un par de días, Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla informó que, en los dos últimos años, la percepción de inseguridad, aumentó del 68.8 al 81.9 por ciento, lo que ubica al estado de Puebla en sexto lugar a nivel nacional. Para el catedrático, no bastan “paliativos”, como patrullajes, pues solo sirven “para tapar el ojo al macho de que están haciendo algo”. De igual manera, aseguró que la presencia de bandas delictivas nacionales en Puebla puede llevar al estado a los primeros lugares del país en inseguridad. La causa, explica, se debe tambien a la falta de preparación y de un plan efectivo en las corporaciones de seguridad del estado. “No se puede minimizar la violencia”, dijo. Y tiene razón.
Lamentablemente, es ese el proceder del gobernador: minimizar la violencia, siguiendo el ejemplo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la violencia “no es ya un asunto nacional”, que es cosa de ayer. Si a los mismos gobernantes no les importa la crenciente inseguridad, ¿qué podemos esperar? Debemos, pues, exigir a todos los niveles de gobierno que tomen verderamente cartas en el asunto. Que trabajen y garanticen seguridad para todos. Basta del derramamiento de sangre que se ve por doquier. Todos los sectores del país estamos siendo víctimas de la cruel delincuencia: mujeres, niños, estudiantes, adultos mayores; todos. Exijamos a una sola voz acciones efectivas, que México no se siga tiñiendo de rojo.
