Este jueves, el proceso judicial por el caso de esterilizaciones forzadas en Perú dio inicio con las diligencias a exministros de Salud.
En este tenor, las víctimas exigieron la aceleración de los trámites sobre la petición de ampliación del proceso de extradición del expresidente Alberto Fujimori “para que sea condenado”.
Fuentes cercanas al caso, confirmaron que el exministro de Salud Eduardo Yong Motta y el exasesor del mismo departamento, Ulises Jorge Aguilar, acudieron para brindar sus declaraciones ante el juez Littman Ramirez Delgado.
También estaban citados, y no acudieron, los exministros Marino Costa Bauer y Alejandro Aquinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular.
Bauer no justificó su ausencia, pero el abogado de Aquinaga presentó un escrito en el que indicó que su cliente no asistiría por motivos labores.
Las diligencias del caso, que se extenderán a un plazo no mayor a ocho meses, prevén que el juez escuche los relatos de más de 750 personas implicadas, tanto procesados como víctimas y familiares, cuyas declaraciones están programadas hasta al menos el 20 de julio.
En cambio, quien no declarará todavía será el expresidente Fujimori (1990-2000) pues su proceso penal por el caso se mantiene suspendido a la espera de que la Justicia de Chile acepte la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el exmandatario fue detenido en ese país.
Las personas vinculadas a proceso serán investigadas como autoras mediatas (con dominio del hecho) de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; de lesiones graves; así como por haber ocasionado la muerte.
Todo esto, en un contexto de grave violación de derechos humanos al, supuestamente, haber impulsado las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.
Los delitos se habrían cometido en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000). En esa época, claramente aumentó la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
Durante el periodo fueron esterilizadas cerca de 300 mil personas, la mayoría mujeres pobres y quechua hablantes.
En la actualidad se desconoce aún la cantidad de procesos quirúrgicos se realizaron por la fuerza, sin consentimiento, bajo amenazas y coacción.
Poco más de dos mil personas denunciaron, formalmente, haber sido esterilizadas de manera forzada, de las que mil 307 terminaron con lesiones graves y, de ellas, cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
Tras más de dos décadas a la espera de una respuesta de la Justicia peruana, la incertidumbre de las víctimas se mitigó en diciembre pasado, cuando el anterior juez a cargo del caso, Rafael Martínez, resolvió abrir un proceso penal al determinar que existían pruebas suficientes para una investigación judicial.
La decisión del juez se consideró como “un hito histórico” para las víctimas, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, que ahora exigen condiciones para un proceso que garantice verdad, justicia y reparación.
