El estado de Puebla ha registrado un aumento en el número de detenciones de funcionarios públicos por su presunta responsabilidad en diversos delitos, por lo que esperan el avance de su proceso legal.
El caso más reciente fue el del ex director de Museos de Puebla, Juan Carlos Fernández Jasso, quien se encontraba al interior de su galería de arte en el Barrio del Alto, cuando fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Cabe destacar que un día antes, el ex diputado federal y ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, fue detenido por agentes ministeriales por su presunta relación con actos de corrupción durante sus funciones como servidor público.
Ambos casos se dieron solo tres días después de que José Francisco Romero Serrano, auditor superior del estado con suspensión, fuera enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel por su presunta relación en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita.
Uno de los casos más conocidos, fue la vinculación a proceso de el ex diputado federal de la bancada de Morena, Saúl Huerta Corona, por los señalamientos de violación y abuso sexual en agravio de menores de edad de Puebla.
A esta lista se suma la detención del ex contralor y ex diputado federal, Eukid Castañón Herrera, actualmente preso en un penal federal de Durango al ser vinculado a proceso por distintos delitos como falsedad en declaraciones, extorsión, amenazas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, Oscar Chapa Palomeque, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido en 2019, fue procesado por un sobrecosto de más de 30 millones de pesos en uniformes escolares; fue enviado a prisión preventiva donde murió el 3 de mayo del 2021 a causa de una deficiencia cardíaca.
Otra línea política que no está exenta de la cárcel es la del marinismo, pues su líder principal, el exgobernador Mario Marín Torres, ahora está recluido en Quintana Roo por su probable participación en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, a quien presuntamente mandó a encarcelar por relacionarlo a una red de pederastia encabezada por los empresarios libaneses Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri.
Otros nombres que forman parte de esta lista son el ex jefe de Oficina de Fernando Manzanilla en la Secretaría General de Gobierno (SGG), Bernardo Fernández Tanús, aprehendido por ejercicio indebido de funciones públicas; Alejandro Martinez Fuentes, ex alcalde de Quecholac, detenido el 27 de septiembre del 2021 por los delitos de abuso de autoridad; y Xabier Albizuri Morett, ex director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, por desvío de recursos; y Felipe Patjane, el alcalde de Tehuacán, por uso indebido de funciones.
