México vive un doble problema: el de la malnutrición y el hambre por un lado y por el otro el de la obesidad. ¿Qué hace el actual gobierno para combatir estos problemas? Nada.
Jorge López Hernández
Para hacer de México un país mejor en todos los ámbitos, se requiere, en primer lugar, una sociedad bien alimentada y con buena salud. Sin esta condición, el pueblo mexicano no podrá desarrollar su potencial en la educación, la ciencia, la cultura, ni en ninguno de los rubros sociales y económicos. Con millones de personas mal alimentadas y enfermas, no será posible convertir al país en una potencia económica, científica, cultural ni deportiva.
La atención que el Estado otorga al problema de la alimentación ha sido menor que los brindados a la salud y educaciónque, a pesar de su deficiente funcionamiento, tienen un sistema propio, a diferencia del de la alimentación-nutrición, que carece de uno. Y, por si fuera poco, fue hasta 2011 cuando este derecho se elevó a rango constitucional.
Las políticas dedicadas a la alimentación y la nutrición han respondido a coyunturas de tipo ambiental, económico y político (Barquera, S., 2001) y no a una genuina preocupación del Estado por atender este problema. En cada sexenio se crearon programas que atendieron uno, dos, o más aspectos alimentarios enfocados a grupos vulnerables; pero nunca atendieron el problema en su conjunto. Algunos solo estuvieron vigentes un sexenio o menos y muy pocos han sobrevivido hasta la actualidad.
Además, los problemas de alimentación han sido atendidos con distintos enfoques a cargo de las instituciones de salud y las secretarias de Agricultura y Desarrollo Social, entre otras instancias. En ciertos casos, para asegurar la disponibilidad comercial de los alimentos de la canasta básica a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y la Distribuidora e Impulsora Comercial, S. A. de C. V. (Diconsa) y para dotar con despensas y leche a familias vulnerables; y en otros para subsidiar el consumo de productos como “tortibonos”, desayunos escolares, comedores comunitarios y aun realizar transferencias monetarias que mejoren el ingreso y el consumo básico de personas pobres.
También han intentado atender el problema de la alimentación-nutrición el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), el Programa Nacional de Alimentación (Pronal), Progresa, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y actualmente Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos del Estado ha evitado que millones de mexicanos pasen hambre y padezcan problemas de salud relacionados con la desnutrición y la obesidad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2020, el 22.5 por ciento de la población, es decir 28.6 millones de personas, no tuvo acceso a una alimentación de calidad nutritiva. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Enasanut), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer año de la pandemia de Covid-19, el 47.1 por ciento de los hogares redujo su gasto en alimentos. Además, este mismo estudio reveló que el sobrepeso y la obesidad entre los mexicanos siguen elevándose a grado tal que afectan al 74.1 por ciento de los adultos, al 43.8 por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años, al 38.2 por ciento de los niños de cinco a 11 años y al 8.4 por ciento de los menores de cinco años.
Es decir, México vive un doble problema: el de la malnutrición y el hambre por un lado y por el otro el de la obesidad. ¿Qué hace el actual gobierno para combatir estos problemas? Prácticamente nada serio. Los sellos en el etiquetado de productos alimenticios y las campañas contra la comida chatarra son sus “grandes políticas” para combatir la mala alimentación y la desnutrición. El pueblo de México debe saber que estos graves problemas de salud competen no solo a individuos y familias, sino que son un asunto de Estado de la mayor relevancia nacional, que debe combatirse con mucho más que advertencias sanitarias en los etiquetados de las mercancías.
