A siete meses de que la Policía Estatal de Puebla tomara por la fuerza la UDLAP, sus estudiantes aún exigen que les sea devuelto su campus. Este martes al fin podría ser devuelta a los estudiantes, quienes acusan al gobernador Barbosa Huerta de involucrarse en esta institución por intereses económicos.
Karen Santos
A siete meses de que la Policía Estatal de Puebla tomara por la fuerza la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), los estudiantes aún exigen que les sea devuelto su campus y acusan al gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta de tener “metidas las manosˮ en esta institución por intereses económicos.
El 29 de junio de 2021, el campus de la UDLAP, ubicado en San Andrés Cholula, fue desalojado entre jaloneos y gritos de alumnos y maestros por elementos policiales que, según el entonces rector Luis Ernesto Derbez Bautista, iban armados con pistolas y rifles de largo alcance con el propósito final de “imponer un nuevo patronato en la institución, el campus de nuestra institución”.
Esta acción derivó de un juicio que varios miembros de la familia Jenkins sostienen por el presunto desfalco de aproximadamente 700 millones de dólares (mdd) pertenecientes a la Fundación Jenkins –de la que forma parte la UDLAP– que encabeza Margarita Jenkins de Landa. En el marco de este conflicto familiar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla reconoció a un nuevo patronato de la UDLAP, que fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del Estado de Puebla (JCIAP), presidido por Horacio Magaña Martínez.
El 12 de julio, este nuevo patronato destituyó a Derbez Bautista de la rectoría mediante una acusación por desvío de recursos e impuso, como nuevo rector, a Armando Ríos Piter, político que, en 2012 fue compañero de bancada del ahora gobernador morenista Barbosa Huerta, cuando ambos militaban en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El cinco de agosto, un tribunal federal requirió a los jueces 24 y 60 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) que quitaran al nuevo patronato nombrado por la JCIAP, la posesión de las instalaciones al patronato de la UDLAP y se la devolviera a la fundación encabezada por Margarita Jenkins de Landa.
El 15 de agosto, el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla ordenó, por segunda ocasión, que se acatara la resolución que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins. Pero no se cumplió; los alumnos protestaron primero en las afueras de su campus; luego en Casa de Justicia de Puebla; después salieron a la calle en marcha pacífica; y más tarde se manifestaron en el Congreso de la Unión.
El cinco de febrero de 2022, estudiantes de la UDLAP, con el respaldo de alumnos de otras universidades, marcharon de su sede en Cholula a la plaza central de la capital poblana. Más de 10 mil universitarios exigieron al gobernador Miguel Barbosa liberar el campus universitario para regresar a clases presenciales.
Uno de los manifestantes, Jorge Enrique Mérigo, quien cursa el último semestre de la carrera de ingeniería química y ambiental, advirtió; “lo único que pedimos es nuestro campus para estudiar porque la UDLAP es una universidad de todo México”.
¡Barbosa quiere 720 mdd!
A finales de enero, una investigación periodística de la revista Proceso reveló que el interés del gobernador Barbosa Huerta en la UDLAP Puebla radica en los 720 mdd que se disputan los integrantes de la familia Jenkins; y que en este objetivo es asesorado por la firma de abogados del panista Roberto Gil Zuarth, quien también defiende al gobernador de Tamaulipas, el panista Javier García Cabeza de Vaca, quien compartió escándalos con Miguel Barbosa en la polémica denuncia de Emilio Lozoya. A ambos se les acusa de recibir sobornos de éste.
Gil Zuarth, según la publicación, fue el autor original del ambicioso proyecto de Miguel Barbosa en torno a remover a los actuales patronos de la Fundación Mary Street Jenkins para que el estado de Puebla recupere más de 720 mdd, el valor monetario del patrimonio de la fundación, que incluye 18 inmuebles, acciones de tres empresas (entre ellas, la UDLAP), un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, mobiliario, automóviles, etc.
Para que todos estos millones “regresen al estado de Puebla” Barbosa acusó a los integrantes del patronato de saquear esta cantidad de la fundación, los destituyó, designó otro patronato, lanzó a la policía a tomar el campus e impuso a otro rector.
Tras difundirse esta información, Barbosa Huerta y su abogado negaron que tuvieran estas intenciones y declararon que tal versión era una “bola de refritos” y conformaba una estrategia mediática de la fundación; incluso reclamó a los reporteros que le hicieran “preguntas ingenuas” que no iba a responder.
Gil Zuarth, por su parte, acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, de fabricar “una venganza” personal motivada por el rencor de su exesposa, la consejera electoral Carla Humphrey Jordan, con quien Nieto contrajo nupcias recientemente.
El ocho de febrero, a través de un video publicado en redes sociales, Armando Ríos Piter, quien se ostentaba como rector de la UDLAP, renunció a su cargo “para que no haya más pretextos y se regrese de inmediato a la normalidad que tanto hemos anhelado”. Además, aclaró que, con su salida, nadie podía “poner excusas para regresar a clases presenciales”.
Sin embargo, la salida de Ríos Piter, aunque abre la posibilidad de que la Fundación Jenkins recupere el control de la universidad y permite que Cecilia Anaya Berríos –propuesta por la fundación– asuma la rectoría, no ha logrado que la situación vuelva “a la normalidad”, ya que el campus de la UDLAP no ha sido entregado conforme a la ley.
Para que los estudiantes puedan volver a sus aulas, es necesario que el Poder Judicial del Estado cumpla con el mandato del Tribunal Tercero de Distrito y restituya el campus al representante legal de la fundación ante notario público, para que sea supervisado por la administración original.
El pasado 11 de febrero, el Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla citó a Cecilia Anaya para que se realice la entrega de las instalaciones físicas; pero el Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins lo rechazó, argumentando que carece de sustento jurídico y que “acudir a la cita sería validar un acto al margen de la ley”.
En un comunicado, la fundación indicó que “dicha citación carece de sustento jurídico por estar fundada en la solicitud hecha por un patronato que ha sido declarado por Tribunales Federales como ilegal. De esta forma, no puede surtir efecto jurídico la supuesta entrega del campus que pretenden hacer de forma tramposa, al no tener legitimidad ni personalidad para actuar ante el Poder Judicial del Estado de Puebla”.
Entrevistado por Contigo Puebla en el plantón permanente que alumnos, exalumnos, padres de familia y maestros de la UDLAP mantienen a las afueras del campus, el exalumno Juan Antonio Hernández, quien forma parte del movimiento “Fuerza UDLAP”, denunció que “esto se trata de una injusticia del gobernador y del séquito que se quiere robar el campus”. Además se quejó de que la sociedad no empatice del todo con su protesta por ser una universidad privada:
“Se la pasan llamándonos fifís porque asumen que todos somos millonarios; y nada más alejado de la realidad: el 80 por ciento de la comunidad cuenta con beca del 30 al 50 por ciento; hay gente que de verdad hace sacrificios por estudiar aquí. El que piensen eso demuestra la ignorancia de la gente; nos podrán decir lo que quieran; pero eso solo demuestra sus prejuicios”.
Denuncian acoso desde el poder
“A nivel federal, local, cada que una universidad critica al régimen, regresan la crítica con amenazas; tratan de denostar la educación. Ésa es la situación que se vive ahora. En México, el Presidente ataca a la UNAM, al CIDE, a la ENAH; a nivel estatal, Barbosa hace lo mismo cada que una universidad lo critica, ha acosado a la BUAP, a la Ibero. La molestia de ellos ahora es que la gente tenga un pensamiento crítico y lo ejerza. Parece ser, incluso, una indicación de partido, porque sigue la línea del Presidente y de los morenistas”, denunció Juan Antonio Hernández.
Desde que Miguel Barbosa llegó a la gubernatura de Puebla, esta “línea” de ataques contra las universidades se ha intensificado. buzos (edición 992) documentó el asedio contra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cuando se hallaba bajo la dirección de su entonces rector Alfonso Esparza Ortiz. El desacuerdo inicial se generó cuando la Auditoría Superior del Estado (ASE), a cargo de Francisco Romero Serrano, interpuso denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Esparza Ortiz por presuntas operaciones irregulares que superaban los 264 millones de pesos (mdp).
La ASE inició un proceso de fiscalización de los recursos de la BUAP que resultó completamente inconstitucional, porque el ente encargado de revisar las cuentas de esta institución es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados (Federal); además de que no convocó a los representantes de la universidad para ese propósito. La tensión se mantuvo hasta el último día del periodo del exrector.
Durante las primeras horas del tres de diciembre de 2019, elementos de la Guardia Nacional llegaron al municipio de Tecomatlán y amedrentaron a los jóvenes de la Villa Estudiantil Ing. Aquiles Córdova Morán; les cortaron la luz y los amenazaron. Fue hasta la noche que los estudiantes lograron razonar con el gobierno y los elementos se fueron.
Meses después, agentes de la FGE irrumpieron en la Casa de Cultura de Balcones del Sur, donde decenas de jóvenes tomaban clases de danza, teatro y canto; y amenazaron con desalojarlos con el pretexto de que el inmueble sería sede de la FGE en el sur de la capital. La unión de los colonos logró que los agentes salieran del recinto; pero días después, la Guardia Nacional implementó fuertes operativos policiales en varios lugares de la colonia.
Recientemente, jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR)denunciaron que la comisionada de gobernación, Brenda León Gómez, los amenazó. Esta organización mantiene una lucha en Amozoc para que el edil morenista Mario de la Rosa cumpla con la donación de un terreno para el Bachillerato Digital No. 238.
Los jóvenes se han manifestado en múltiples ocasiones y la comisionada les advirtió que “al gobierno del estado no le temblará la mano” para reprimirlos mediante el uso de la fuerza y les “recomendó” que se abstengan de volver a marchar en la capital o en Amozoc.
Isaías Chanona Hernández, líder nacional de la federación, aclaró ante esto: “nosotros no queremos que nos repriman y mucho menos buscamos una confrontación con el municipio y el estado; lo que buscamos es un terreno para que se construya un bachillerato que beneficiará a más de 200 estudiantes de Amozoc; por esto pedimos la intervención del gobernador para que dé paso a una verdadera solución y no lleguemos una confrontación”.
Tres universitarios asesinados
El domingo 23 de febrero de 2020, tres jóvenes estudiantes de medicina se divertían en el tradicional y concurrido Carnaval de Huejotzingo; pasada la medianoche, tomaron un taxi de aplicación (Uber), nunca se imaginaron que ya no volverían a sus casas: una vez que abandonaron ese municipio, fueron asesinados brutalmente.
Uno de ellos era Francisco Javier Tirado Márquez, Javi, como lo llamaban cariñosamente sus amigos; estudiaba en la BUAP y cumplía su servicio social en el Hospital de Izúcar de Matamoros. Lo acompañaban Ximena Quijano Hernández y José Antonio Parada Cerpa; ambos eran estudiantes de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y médicos internos de pregrado, originarios de Colombia.
El martes 25 de febrero, luego de que se difundiera masivamente la noticia, los alumnos de la Facultad de Medicina de la BUAP realizaron una reunión de protesta y colocaron una ofrenda floral en su escuela; estudiantes de colegios vecinos y de otras facultades se sumaron al homenaje. Al final del mediodía ya eran cerca de cinco mil los estudiantes que exigían justicia y portaban los retratos de las víctimas.
En su número 914, buzos difundió la demanda de los estudiantes poblanos. Los jóvenes pedían justicia y seguridad; es decir, que los responsables del multihomicidio fueran castigados y se garantizara la seguridad para la población en todo el estado. Pero Barbosa no atendió sus peticiones. La FGE se “hizo bolas” con el caso que, hasta la fecha, no ha sido resuelto; y con respecto a la demanda de seguridad, no ha realizado ninguna propuesta.
Al ver que su clamor no era escuchado por las autoridades, el cinco de marzo, los estudiantes convocaron a una megamarcha con la participación de escuelas públicas y privadas de nivel básico a superior, de secundarias a universidades. Marcharon unos 150 mil estudiantes, según los medios de prensa. Los jóvenes rodearon Casa Aguayo, pero solo recibieron un regaño de Miguel Barbosa: “no me están enseñando a mostrarme en la calle”.
La solución del morenista fue mandar patrullas a hacer rondines en torno a las universidades, medida que duró muy poco, pues en marzo de 2020 se inició la pandemia y, pese a los pronósticos, la inseguridad siguió al alza.
Puebla fue ese año la octava entidad con mayor índice de inseguridad, de acuerdo con los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se registraron 75 mil 84 delitos. 2021 no fue un mejor año: con dos asesinatos diarios en promedio, Puebla se ubicó en el top ten de feminicidios.
El inicio de este 2022 pinta peor: la delincuencia se ha incrementado en 12 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021. En enero hubo 86 denuncias por homicidio y 118 carpetas de investigación por desaparición de personas. Sin embargo, ninguno de estos hechos ha logrado apartar de la indiferencia a Barbosa Huerta, quien se ocupa más de apoderarse de la UDLAP y de amedrentar a los estudiantes críticos.
