Francisco Romero Serrano, reconoció que podría ir a la cárcel al ser víctima de una persecución política, luego de haber sido suspendido del cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
El auditor declaró que el gobierno del estado encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta utiliza a su favor al poder Judicial para agilizar el proceso penal en su contra por presunta violencia familiar, para facilitar su remoción y eventual sustitución.
Señaló que un juez de Control lo suspendió del cargo como medida cautelar a pesar de que la denuncia en su contra no fue presentada por su pareja Joseline Zurita Compañ, sino por terceros y, aunque las acusaciones no han sido ratificadas por la presunta víctima.
El auditor denunció que la demanda en su contra fue modificada para que el juez de Control diera un seguimiento inédito al caso, pues los policías municipales de San Andrés Cholula que presentaron la denuncia argumentaron que golpeó y atacó a su esposa, el hijo de ella y hasta a la cuidadora del menor durante una discusión el 23 de octubre.
“El poder judicial ha trabajado con eficiencia insuperable un asunto familiar que para el ciudadano no sería lo usual; mujeres golpeadas, violadas y ultrajadas no son tomadas en cuenta jurídicamente y esperan justicia por años; (esta) es una versión acomodada y a modo para influir en el juez”, acusó.
El auditor anunció que tramita un amparo contra la suspensión en su cargo, mientras tanto, al frente de la Auditoria Superior del Estado estará temporalmente el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Víctor Hugo Aguilar Hernández, pero reconoció que su destitución y eventual reemplazo está en manos del Congreso del Estado.
Romero Serrano admitió que el boicot que denunció hace unos días y la suspensión son parte de una estrategia para desestabilizar la auditoría y echarlo, de ahí que incluso la Fiscalía General del Estado ha incumplido medidas cautelares y mandatos judiciales.
Desde el 2 de febrero, Romero Serrano denunció el boicot que emprendió el gobierno de Barbosa Huerta a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Función Pública para entorpecer el proceso de fiscalización y la entrega de información de los sujetos obligados.
Detalló que de manera coordinada y con la misma justificación, ambas áreas gubernamentales buscaron la forma de ordenar a ayuntamientos, universidades y secretarías que evadieran la fiscalización de recursos estatales y federales
